España aprueba la declaración de la OCDE sobre las multinacionales

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aprobó ayer una declaración favorable al sometimiento de las empresas multinacionales a la legislación de los países huéspedes. El documento pide a las 24 naciones que den tratamiento nacional a las empresas transnacionales.

La declaración es el más serio intento a nivel internacional de regular la actividad de esas empresas, la mayoría de las cuales proceden de los 24 países de la OCDE. Tanto el ministro español de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, como el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, se refirieron a esos 24 países como democracias industriales. El señor Areilza matizó su calificativo, en el caso de España, diciendo que «avanzamos gradual y firmemente por la vía de la legalidad hacia un orden democrático total».Otro momento importante de la jornada de ayer -en que se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda de los países más ricos de la tierra- fue la firme convocatoria de Kissinger a los miembros de la OCIDE para que intensifiquen el comercio con, los países del Este, y hagan una contribución importante al desarrollo de las naciones menos avanzadas.

El ministro español de Asuntos Exteriores llegó el domingo por la noche a París, para presidir la delegación española en el consejo ministerial de la OCDE. En la mañana del lunes llegó el ministro de Hacienda, Villar Mir.

La declaración de la OCDE, denominada Sobre la inversión internacional y las empresas multinacionales, pide a los Gobiernos miembros aplicar a estas últimas un régimen resultante de sus leyes, reglamentos y prácticas administrativas (tratamiento nacional). Los signatarios se compromenten a tener en cuenta los intereses de los países miembros de la OCDE que pueden ver afectadas , por las leyes, reglamentos y prácticas administrativas, sus inversiones directas internacionales. La declaración reconoce que el progreso de las multinacionales puede producir «concentraciones abusivas de poder económico». Las directrices de la declaración, son voluntarias y no pueden ser sancionadas jurídicamente.

Los más importantes principios recomendados -por la OCDE a las multinacionales, se pueden resumir en los siguientes puntos:

1) Tener en cuenta los objetivos fijados por la política general de los paises miembros en los cuales operan.

2) Facilitar información a lasautoridades nacionales.

3) Favorecer el establecimiento de una cooperación estrecha con la comunidad y los medios de negocios locales.

4) Que las entidades que componen las multinacionales actuen en orden a aprovechar las Ventajas de la concurrencia sobre los mercados interiores y extranjeros.

5) No conceder -y no se deberá solicitar de las multinacionales ningún pago ¡lícito u otra ventaja indebida, directa o indirecta, a ningún funcionario o titular de cargo público.

6) Abstenerse de toda injerencia indebida en las actividades políticas locales y respetar los principios de competencia en materia de mercado y comercio.

7) Las multinacionales deben reconocer a los sindicatos locales, facilitarles información para los convenios colectivos, y utilizar personal local hasta donde sea posible.,

En su intervención, Villar Mir dijo que «la delegación española considera que la declaración que se nos ha sometido constituye un importante paso adelante en el esfuerzo cooperativo. Mi país está dispuesto a cooperar en este terreno, dentro del carácter experimental que este acuerdo tendrá durante los primeros años de su vigencia».

En su discurso de siete minutos, Areilza, abogó por que se asegure a los países productores de productos energéticos y de materias base, «ingresos suficientemente remuneradores y a los consumidores, "aprovisionamientos a precios aceptables". «Los miembros de la OCDE- añadió Areilza- han dado pruebas hasta ahora de una cierta desconfianza respecto a la introducción de mecanismos de intervención en el sector de las materias primas. Nosotros comprendemos esta actitud de prudencia, pero creemos, sin embargo, que la regulación y la estabilización de los mercados, por medio de mecanismos tanto comerciales como financieros, no deben ser consideradas como opuestas a la filosofía de la economía libre.