El juez deniega la cautelar a Pedro Rocha y queda inhabilitado por dos años para presidir la Federación Española de Fútbol

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar solicitada por Pedro Rocha respecto a la sanción de inhabilitación de dos años que le impuso el TAD, la cual comienza a ejecutarse desde este mismo martes, según avanzó Iusport y confirmó este periódico. Rocha deja de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no podrá presentarse a las elecciones cuyo proceso estaba previsto que se abriera el 10 de septiembre y culminara antes del fin de 2024, tal como marca la ley. En siete años y medio, ya son tres los presidentes de la RFEF inhabilitados, Angel María Villar (2017), Rubiales y solo un año después Rocha.

El dirigente extremeño se extralimitó en sus funciones cuando presidía la comisión gestora al despedir al secretario general Andreu Camps por su cuenta, sin consultar con el resto de miembros. Esto está tipificado como falta muy grave, por lo que el TAD le impuso los dos años de inhabilitación. Rocha aún puede recurrir la decisión del juez, pero el recurso se alargaría entre cuatro y seis meses por lo que tendrá complicado retomar el poder del fútbol español para el que primero fue señalado por Luis Rubiales, cuando este supo que la FIFA le sancionaría, y después, para mantenerlo, respaldado por Javier Tebas, presidente de LaLiga. La paz con la patronal, después de las encarnizadas disputas entre ambas instituciones encabezadas por sus presidentes, formaban parte del relato con el que Rocha trataba de legitimarse como presidente de la RFEF. Bajo la presidencia de Rocha se han firmado acuerdos importantes como el convenio con la Liga Femenina que escenificaban el armisticio. Alguno de los barones contrarios a Rocha fruncían el ceño ante lo que consideran acciones demasiado invasivas de LaLiga. La debilidad de Rocha y de la propia institución quedó en evidencia cuando el propio Tebas admitió en público que este no no era el más idóneo para presidir la federación e incluso llegó a utilizar la expresión “florero” para describirle. Tebas y LaLiga nunca habían estado tan cerca de interferir en el día a día federativo como han estado bajo la presidencia de Rocha.

Rocha también había intentado hacerse valer buscando posar junto a los mandamases del fútbol internacional como el esloveno Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, o con Gianni Infantino, de la FIFA.

Con Rocha apartado, será la vicepresidenta adjunta Maria Ángeles García Chaves (Cáceres, 37 años), más conocida como Yaye, la que asumirá el cargo de manera provisional hasta que convoque la apertura del proceso electoral. Yaye deberá presidir una nueva Comisión Gestora formada por seis miembros de la junta directiva y otros seis de la Comisión Delegada federativa. Yaye es la esposa de Alberto Montes, exsecretario de Pedro Rocha en la Federación Extremeña de Fútbol. Fue nombrada vicepresidenta adjunta por si Rocha era suspendido provisionalmente por el Consejo Superior de Deportes o por si finalmente era sancionado por el TAD, como así sucedió. Rocha quería dejar en el cargo a una persona de su plena confianza que siguiera sus directrices en el caso de ser inhabilitado. Yaye fue jugadora y capitana del club de fútbol de su ciudad, el Femenino Cáceres. En 2022, Luis Rubiales la convirtió en la primera mujer miembro de la Comisión Delegada de la RFEF.

El despido de Camps se produjo el 23 de septiembre de 2024. Rocha, sus abogados y sus asesores más cercanos siempre han defendido que prescindir del controvertido secretario general fue por petición expresa de Victor Francos, por entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y aseguran tener documentación que lo acredita. La destitución de Camps era una imposición de las campeonas del mundo para volver a participar con la selección en la Nations League, en la que estaba en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Con la ley en la mano, Rocha podría no haberse plegado a las presiones del CSD, pero prefirió mantenerse en el cargo, remunerado con uno 700.000 euros al año.

En torno a la figura de Rocha se ha creado un relato que ejerce de cinturón de seguridad para tratar de que salga indemne de los conflictos en lo que está envuelto. Cuando fue imputado en la Operación Brodie, en la que se investigan presuntos contratos irregulares de la RFEF entre 2018 y 2023, dijo no saber nada de las adendas en los acuerdos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí pese a que era el presidente de la comisión económica desde octubre de 2020. En ese periodo también se adjudicó la remodelación del estadio de La Cartuja a la empresa GRUCONSA, en la que trabajaba el hermano del director de los servicios jurídicos federativos. Rocha, una vez más dijo, no tener conocimiento. Por ello, la jueza Delia Rodrigo, le cambió su condición de testigo a la de imputado con apenas media hora de declaración, todo un récord en la judicatura española.

Muchos presidentes de territoriales, incluso algunos de los que estaban en su contra, consideran injusta la inhabilitación a Rocha, pero ya han empezado a moverse. Pablo Lozano, de la andaluza, es el favorito, pero le ha salido un duro competidor en el murciano José Miguel Monje. Este parece decidido a dar el paso después de que el lunes, junto a otros cuatro barones, fuera exonerado del caso Soule, en el que estaba investigado. Monje percibió ingresos entre los años 2009 y 2015 de la Policlínica Murciana de Fútbol, participada al 100% por la citada federación que él preside, de 24.000 euros al año, según el auto del juez Pedraz en el que describía el sistema clientelar tejido por Ángel María Villar a cambio de presuntos tratos de favor a varios presidentes de territoriales que mantuvieron, a través de sus negocios personales, una relación comercial con la federación.

Fé de errores: Este artículo contenía un error en cuanto al sueldo que Pedro Rocha heredó de Luis Rubiales, en la versión original se atribuía una retribución de 1.700.000 euros cuando la correcta es 736.423 euros al año.

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