Un año después del Mundial Femenino: Rocha sancionado y una federación judicializada

Un año después del tsunami que provocó el beso no consentido del ya expresidente Luis Rubiales a Jennifer Hermoso un ambiente de volatilidad e interinidad reinan en la Ciudad del Fútbol, la sede de la Real Federación Española ubicada en Las Rozas. Pedro Rocha, el hombre en el que delegó Rubiales y presidente electo desde el pasado mes de mayo, permanece en un segundo plano después de que el 16 de julio el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le impusiera una sanción de dos años de inhabilitación por haberse extralimitado en sus funciones. Meses atrás, Rocha había despedido al secretario general Andreu Camps mediante una decisión personal cuando presidía la comisión gestora creada tras la inhabilitación de Rubiales. El de Camps fue el primero de los despidos provocados por las demandas de regeneración en la RFEF que exigieron las internacionales y que han supuesto fuertes desembolsos para las arcas federativas en indemnizaciones. El caso más flagrante fue el del seleccionador femenino Jorge Vilda, al que Rubiales prometió un aumento de sueldo, 500.000 euros al año hasta 2024, en la infausta asamblea en la que este último se negó a dimitir. Vilda se agarró a ese anuncio de Rubiales como un acuerdo verbal para percibir 1,8 millones de euros de indemnización, según adelantó Relevo. Aún quedan pendientes las posibles indemnizaciones de otros despidos que están a la espera de juicio, como el del director de comunicación Pablo García Cuervo, o el del director deportivo Albert Luque, blindado con un millón de euros. Este no ha sido reemplazado en su cargo, como tampoco Markel Zubizarreta, que era el director de la femenina. Ahora mismo la dirección deportiva de ambas selecciones está descabezada.

Rocha también despidió de forma unipersonal al comisionado externo Tomás González Cueto, pero en este caso rectificó y la decisión fue compartida a posteriori con los otros miembros de la citada gestora, lo que evitó que fuera suspendido por cuatro años en vez de por dos. Las tres patas sobre las que se sostenía el rubialismo (el propio Rubiales, Camps y González Cueto) están fuera de la federación, pero la estrategia de Rocha para frenar la ejecución de su sanción ha sumido a la federación en la incertidumbre.

El dirigente extremeño recurrió la sanción y solicitó medidas cautelares con el fin de paralizar su inhabilitación, pero mientras espera que el juez de lo contencioso-administrativo se las conceda ha preferido no ejercer en actos de representación ante el riesgo de ser denunciado por quebrantamiento de la sanción. Miguel Ángel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, impulsor con su denuncia de la inhabilitación de Rocha, le advirtió de que le demandaría si ejercía como presidente. Ante la advertencia de Galán, Rocha no presidió la última asamblea del 30 de julio ni hizo acto de presencia en los palcos de los estadios de los Juegos Olímpicos de París, en los que la selección masculina ganó la final y la femenina alcanzó las semifinales.

“Un año después la sensación es de desgobierno, cada responsable toma decisiones en sus respectivas áreas, pero no hay un mando firme que guíe la política federativa”, asegura el presidente de una territorial.

Fuentes federativas aseguran que, salvo en cuestiones de representación, Rocha ejerce como presidente. Estas mismas fuentes niegan igualmente que no haya una hoja de ruta a seguir marcada por Rocha, aunque no desmienten la situación de incertidumbre. En la federación aseguran que el nuevo secretario general, Álvaro de Miguel, lidera el día a día. Sobre la figura de este hay quien asegura que trata de imponer el orden y la transparencia en la gestión, pero que le penalizan su juventud y su falta de jerarquía para lidiar con la voracidad de algunos presidentes de territoriales y de altos cargos federativos.

Mientras, los barones de las territoriales permanecen a la expectativa de lo que decida el juez sobre las medidas cautelares solicitadas por Rocha. Si es inhabilitado definitivamente, el barón andaluz Pablo Lozano es uno de los candidatos internos que suena con más fuerza. El otro es el tinerfeño Alejandro Morales Mansito.

De serle concedidas las medidas cautelares, Rocha podrá presentarse a las elecciones, cuyo proceso está previsto que se inicie el 10 de septiembre y finalice antes de 2025. De ganar los comicios, Rocha no podría ejercer hasta que el juez decida sobre el recurso. El extremeño corre el riesgo de ser reelegido presidente y que después el juez ratifique la sanción del TAD. Esto supondría otro terremoto y otra palada de desprestigio para el fútbol español.

Rocha, además sigue imputado en la Operación Brodie, la trama en la que se investigan irregularidades en diversos contratos federativos como el firmado con Arabia Saudí para llevar allí la disputa de la Supercopa. Rocha presidía la comisión económica de la RFEF cuando se firmaron algunos de los acuerdos con los saudíes y también cuando se concedieron las obras de remodelación de La Cartuja. Un año después, la federación sigue pendiente de la justicia.

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