El arbitraje deportivo y el Derecho comunitario: la necesidad de un nuevo modelo

Hace ya algún tiempo que el derecho comunitario, aplicado por los tribunales de justicia europeos, y el ordenamiento deportivo pasan una crisis de relación nada menor. Uno de los puntos centrales es la solución de conflictos en el ámbito del deporte.

La organización deportiva creía haber solventado todos sus problemas (que los hay y son relevantes) con la creación de un Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Suiza y sometido al Derecho suizo en su revisión final. Mientras el sistema arbitral operó en relaciones comerciales y con sometimiento de las partes todo fue sencillo. En un momento posterior se decidió incluir en su ámbito de aplicación el régimen disciplinario del dopaje y, luego, el disciplinario general como medio de impugnación de las decisiones de las federaciones internacionales. El problema aquí es que ya no había sometimiento expreso, sino que el arbitraje se convierte en un instrumento de solución de conflictos de carácter obligatorio por el solo y único hecho de obtener una licencia deportiva en el país de origen que, a su vez, forma parte de una federación internacional. Este carácter obligatorio está en el fondo de todas las polémicas actuales.

Estas polémicas se identifican, sobre todo, con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) en el caso de la Federación Internacional de Patinaje (ISU). En esta sentencia lo que se señaló es que el sistema obligatorio de resolución de conflictos no era compatible con el derecho comunitario porque su revisión —la nulidad del laudo en los tribunales ordinarios de Suiza— no asegura la aplicación del Derecho Comunitario ni su respeto. Ahí, todo empezó a hacer agua por mucho que el movimiento deportivo haya mirado para otro lado como si la sentencia no dijera lo que dice.

Ahora, hemos conocido las conclusiones de la Abogada General del TJUE en el asunto referente al Royal Footbal Club Seraing. En términos coloquiales podríamos indicar que dichas conclusiones son una nueva vuelta de tuerca en el cuestionamiento del sistema de solución de conflictos. La Abogada General asume la doctrina de la Sentencia ISU pero va más allá al cuestionar el sistema de ejecución de los laudos y la falta de ajuste de esta práctica al Convenio de Nueva York en materia de arbitraje. La ejecución directa por las federaciones internacionales se considera que priva a las partes del control del ajuste al orden público comunitario y nacional que es, precisamente, lo que asegura el exequatur (homologación de sentencias de tribunales extranjeros). A partir de aquí la consecuencia es clara: el sistema de ejecución no asegura el orden público comunitario.

Pero, de nuevo, la parte más importante de las conclusiones se refiere a la obligatoriedad de asumir el sistema de solución de conflictos por el solo hecho de obtener una licencia. Esta obligatoriedad de un sistema de solución arbitral de conflictos tiene el efecto —común a todo el arbitraje— de que la revisión jurisdiccional del laudo es por causas tasadas y en un marco estricto que es consecuencia de lo que aquí se niega: la voluntad de las partes de someterse al sistema arbitral.

Como consecuencia de lo anterior, las conclusiones dan un paso definitivo para el sistema al exigir que exista un sistema de revisión jurisdiccional íntegra y no reducido en los asuntos de los que conoce el Tribunal Arbitral del Deporte. Este aspecto —muy ligado al régimen disciplinario— conlleva un evidente cuestionamiento del sistema en su conjunto. Si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asume la tesis de la Abogada General, el sistema arbitral sin sometimiento voluntario queda definitivamente cuestionado para los ciudadanos europeos o en los que participen estos.