El ‘caso Osasuna’ desata otro polvorín en el fútbol

El caso Osasuna, que derivó en la condena de varios de sus directivos por amaño de partidos en la temporada 2013-14 y ha comprometido su participación en la próxima Conference League por este motivo, ha vuelto a convertir el fútbol español en un polvorín. Tras la decisión de los inspectores de la UEFA de recomendar la no admisión de la licencia de Osasuna para la próxima edición de la considerada tercera competición europea —a la que le da derecho su séptimo puesto en la Liga—, ha florecido una nueva batalla entre las entidades que presiden Luis Rubiales (Federación) y Javier Tebas (LaLiga). Ante las insinuaciones en un comunicado de Osasuna de que Rubiales no se había implicado en la defensa del club ante la UEFA, la Federación no solo negó este hecho y lo calificó de “infamia”, sino que cuestionó a Osasuna el no haberse quejado contra LaLiga, que fue la que denunció el caso tras lograr una confesión grabada del por entonces gerente del club rojillo, Ángel Vizcay.

De momento, LaLiga no ha respondido a estas acusaciones veladas, pero el último capítulo de la serie es la rueda de prensa que ofreció este martes el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, continuación de las palabras de Luis Rubiales, su presidente, durante la Asamblea General, en la que calificó de “bulos y falsedades” las manifestaciones de los dirigentes de Osasuna.

Por un lado, las declaraciones de Camps dieron a entender que Osasuna tiene un aliado en la Federación, y no un enemigo como aseguraba la durísima nota pública emitida por el club la semana pasada. “La línea de actuación de la RFEF es exactamente la de Osasuna”, apuntó Camps. Y por otro lado, aunque el secretario general federativo en un principió escondió la mano, después señaló claramente al lanzador de la piedra: “Se pretende acusar al presidente [Rubiales] de que no salió en defensa, cosa de Osasuna que es incierta”, aseveró Camps, “pero en cambio no hacen mención alguna a que haya otras personas responsables del fútbol español [en referencia velada a Javier Tebas] que no intervengan, cuando fueron estos los que denunciaron los hechos ante las diferentes instancias”.

En la Federación no entienden que les pueda salpicar el caso Osasuna y han interpretado que sus quejas contra Rubiales son teledirigidas desde LaLiga. En un momento de su intervención, Camps dejó caer que responden a escritos que les dan “cuando acuden a instituciones en las que tienen representación”.

El caso Osasuna viene de muy lejos, la temporada 2013-14, cuando el club, en situación económica precaria, y a un paso de descender a Segunda División, decidió, tal como prueba la sentencia judicial, comprar a dos jugadores del Betis (Iván Amaya y Xavi Torres) para inclinar los resultados a su favor. Con la llegada de la directiva que preside Luis Sabalza, y según el relato de los hechos de Andreu Camps, la LFP solicitó una auditoria complementaria al CSD, y remitió los resultados al club, el 18 de febrero de 2015. En ese momento, el club lleva a la anterior directiva ante el juzgado de guardia.

Instancias judiciales

LaLiga presentó también una querella por apropiación indebida y por corrupción deportiva, contra el entonces presidente Miguel Archanco, y contra diversos directivos de la entidad. El juez, en un auto dictado el 11 de enero de 2016, decidió no imputar al club por corrupción, y LaLiga lo recurrió en dos instancias diferentes. Tras ello, según Camps, que describió la batería de acciones de la patronal contra Osasuna, “el juez indica a LaLiga que el recurso de reforma no tiene razón de ser”, y añadió que “Osasuna no debía ser imputado legalmente” y deja a los mandatarios como “únicos responsables de esos delitos que se estaban investigando”. El secretario general de la Federación recalcó que “la Real Federación Española de Fútbol no se personó como acusación particular ni para acusar al club ni para acusar a los directivos”.

El asunto circuló por las diversas instancias judiciales, y la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra condenó a diversas penas a los acusados por corrupción deportiva y apropiación indebida. El Tribunal Supremo ratificó el 19 de enero de 2023 la decisión de los jueces navarros. Unos meses después, Osasuna se clasificó, por primera vez en 17 temporadas, para una competición europea, la Conference League, y recibió el plácet federativo: la RFEF le dio la licencia para competir en UEFA, explicó Andreu Camps, y tras completar los formularios de inscripción, en los que se pregunta, entre otras cosas, si el club ha estado implicado en algún caso de corrupción deportiva, se abrió el expediente que puede desembocar en la no ilegibilidad de Osasuna para la Conference. “Hemos preguntado a la UEFA si existía denuncia de alguien contra Osasuna y nos han dicho que no”, aclaró Camps. “Lo hicieron de oficio ante las informaciones publicadas en su momento en la prensa”.

“La Federación ha tenido conocimiento de que LaLiga envió unos escritos a la FIFA y a la UEFA denunciando estos hechos el 9 de marzo de 2015. La UEFA y la FIFA tenían conocimiento de esos hechos a través de LaLiga. En esos escritos se decía que era deplorable que la Federación no hubiera denunciado al club y a los directivos”, concluyó Camps en descargo de la Federación tras una Asamblea que dejó vislumbrar otro posible conflicto con LaLiga con la aprobación de nuevos estatutos que pueden restar competencias a la patronal.

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