Boris Johnson y el arte de perder tiempo en la Premier League

El arte de perder tiempo, ese truco que no solo sirve para ganar tiempo (¡vivan las paradojas!) sino para desquiciar al contrario y romper el ritmo del partido, no se lo ha inventado el fútbol: es una de las armas preferidas de muchos políticos. Mariano Rajoy era un adicto a la táctica de no tomar decisiones con la esperanza de que el tiempo acabara por resolver los problemas, aún a riesgo de quemarse las manos de tanto darle vueltas a las patatas calientes. Boris Johnson es otro gran artista del tiempo. Muchos creen que si todavía es primer ministro es porque Scotland Yard decidió a última hora intervenir en el escándalo de las fiestas en Downing Street durante los confinamientos por la pandemia: la primera consecuencia de la entrada en escena de la policía fue parar el tiempo, lo que ha reducido la presión sobre el primer ministro y ha permitido que entren en juego factores nuevos, como la guerra en Ucrania. Comprar tiempo, sin embargo, no siempre es garantía de éxito porque da más posibilidades al rival de marcar un gol en el descuento.

Ahora, Boris Johnson parece decidido a perder el tiempo con la reforma de la Premier League, aunque a primera vista más bien da la impresión de todo lo contrario porque el Gobierno conservador anunció la semana pasada su apoyo a las propuestas de reforma publicadas en noviembre por la diputada conservadora Tracey Crouch, en su momento responsable gubernamental del deporte británico. El problema es que Johnson ha dado su apoyo, pero no ha anunciado ningún calendario y sí la propuesta de poner en marcha un nuevo informe, un Libro Blanco que debería publicarse antes de otoño. Eso, según la oposición laborista, significa que no habrá reforma al menos hasta 2024. Hasta la diputada Crouch, que se declara “absolutamente encantada” por el apoyo del Gobierno a sus propuestas, advierte de que los retrasos en su implementación “pueden ser catastróficos”.

La reforma es consecuencia de los problemas financieros que sufren los equipos más modestos, que en 2019 llevaron a la desaparición de un club histórico, el Bury, y a la desazón causada por el apoyo inicial que los grandes de la Premier dieron en su día a la creación de la Superliga europea.

La gran novedad de la reforma sería la creación de un regulador independiente que tendría poderes legales para otorgar o cancelar licencias a los clubes e investigar sus finanzas. También se propone que los hinchas tengan voz y algún voto (derecho de veto en cuestiones como la venta del estadio o los colores y el escudo del club, por ejemplo) y poner en marcha un sistema más riguroso de chequeo del pasado de los propietarios o aspirantes a propietarios de los clubes. La idea es hacer especial hincapié en el origen de sus ingresos, un tema de especial actualidad tras la adquisición del Newcastle por un consorcio de Arabia Saudita y la expulsión de Roman Abramóvich del Chelsea, y de la vida pública británica en general y económica en particular.

Detrás de todo esto, lo que late es la creciente diferencia entre los seis grandes de la Premier (Arsenal, City, Chelsea, Liverpool, Tottenham y United) y todos los demás. Los grandes quieren aumentar sus privilegios. Los pequeños quieren un trozo más grande del pastel financiero. La diputada Crouch ha propuesto una tasa que grave los fichajes y repartir ese dinero entre todos para primar a la base de la pirámide futbolística, pero el Gobierno ha dicho que ese es un asunto que deben decidir los clubes por su cuenta. Un indicio quizás de que, a la hora de la verdad, el Gobierno no tiene intención de ser tan radical como ahora parece. La Premier League ha dado su espaldarazo a la idea genérica de la necesidad de reformar, pero se opone tajantemente al punto clave del regulador independiente. Por eso es tan significativo el hecho de que Boris Johnson juegue o no a perder tiempo: porque perder tiempo significa, en un caso así, atemperar el impulso reformista.