La Fiscalía inicia la investigación sobre la junta de Bartomeu

Después de la denuncia del FC Barcelona, la Fiscalía ha iniciado la investigación sobre la gestión de la junta de Josep Maria Bartomeu durante su etapa en la presidencia azulgrana. Una denuncia derivada de las conclusiones de la investigación del Forensic que encargó la actual junta, encabezada por Joan Laporta, para investigar los trabajos de la anterior directiva con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la gestión del mandato. El Forensic será presentado oficialmente el próximo lunes 1 de febrero a partir de las 11 de la mañana en el Auditori 1899 del Camp Nou.

La Fiscalía tiene seis meses para recabar la documentación necesaria para decidir si esa información supone un delito, toda vez que las pesquisas se centran en las comisiones por traspasos de futbolistas -como ejemplo los 10 millones que se pagaron por Malcom-, pagos excesivos a abogados, algunos de ellos vinculados a un jugador, el Espai Barça y el posible fraccionamiento de pagos, entre otras irregularidades. De la investigación se ha hecho cargo el Servicio de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona. En el supuesto de que se tengan indicios de un delito, la fiscalía presentará una denuncia o una querella, que será distribuida entre los juzgados de instrucción de la capital catalana. Una posibilidad es que se pueda unificarse con la causa ya abierta a Bartomeu por el Barçagate, como se conoce el caso en que el expresidente encabezó la contratación de la empresa I3 Ventures para que realizara a través de las redes sociales una campaña de desprestigio contra jugadores del equipo azulgrana, así como opositores a su gestión y empresarios como Jaume Roures.

Rosell recurrirá a Derechos Humanos

El expresidente Sandro Rosell, por otra parte, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Tribunal Constitucional haya inadmitido a trámite su recurso de amparo en relación con la querella que interpuso contra la magistrada instructora de su procedimiento penal, Carmen Lamela. Resulta que Rosell pidió una compensación por los dos años que permaneció en prisión preventiva “de forma injusta” y, tras dos años, el Ministerio de Justicia ha solicitado de la Audiencia Nacional que no se reconozca un resarcimiento más allá de 27 euros por cada día de privación de libertad.

A pesar de ese tiempo encarcelado y de los costes económicos que esas resoluciones judiciales le comportaron, la posición del Estado es que tales daños no se habrían producido si Rosell hubiera reclamado el cumplimiento de los contratos que le vinculaban por la vía judicial.

Puedes seguir a EL PAÍS DEPORTES en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.