Jugar por 300 euros en plena pandemia

Con más de 14.000 casos confirmados de covid-19, el distrito de Carabanchel, en el sur de Madrid, acoge a uno de los barrios más castigados de la que probablemente sea la capital europea con peores registros de infecciones durante la pandemia. Irreductible a la peste, La Mina, el campo de fútbol más antiguo de la región, es un polo de vida social y actividad constante de cuatro de la tarde a doce de la noche. Solo es un campo. Pero caben todos. De martes a viernes, previo paso por un control de temperatura, allí acuden cerca de 100 empleados y 450 jugadores a los entrenamientos de todas las categorías, desde alevines a Tercera División. Al frente de las operaciones, de la lavandería a las oficinas pasando por los vestuarios, marcha y contramarcha el presidente, Javier Muñoz, enmascarado, impartiendo instrucciones. Se dirige a un utilero: “¡Lleva dos cajas de agua en tu coche que en Aranjuez no nos van a dar!”.

Sucedió el pasado viernes mientras el primer equipo, que milita en Tercera, saltaba a cumplir con el último entrenamiento antes de medirse el domingo al Aranjuez, previo viaje con salvoconductos federativos nominales.

“Cada equipo hace su protocolo”, advertía el entrenador, Diego Muriarte. “Para evitar contagios, el Aranjuez no nos da balones en el calentamiento, ni botellines de agua. Nos reservan dos vestuarios —solo para cambiarnos, está prohibido ducharse—, pero en el descanso no se pueden utilizar. No sabemos donde haremos la charla. Ningún vestuario de esta categoría permite reunir 20 jugadores y mantener la distancia de seguridad. Esto ha distorsionado el día a día más que nada. No hemos tenido un momento de sentarnos con los 20 jugadores y hablar. Y en este deporte, a veces de donde más rendimiento sacas es de la unión del grupo”.

David Vera, el capitán, lo resume con resignación: "No nos conocemos. No hemos tenido ese feeling de vestuario, de cenas, de hacer piña desde el principio”.

Con plantillas apenas amalgamadas tras seis meses de confinamiento, sin pasar por ningún test de covid y, en muchos casos, con público en las gradas, las federaciones territoriales hicieron lo que les permitió hacer la española (RFEF) alegando que no tiene competencias en materia de fútbol “no profesional”. Las ligas de Tercera (397 equipos) y la Segunda B (102 equipos) arrancaron el domingo 18 de octubre. Fue así que unas 15.000 personas que viajan de pueblo en pueblo entraron en territorio desconocido. En la primera jornada, según la RFEF, las infecciones obligaron a suspender 27 partidos.

“Que se suspendan las competiciones no profesionales sería una mala noticia porque significaría que estamos ante un peligro muy grande", dice Francisco Díez, presidente de la federación madrileña de fútbol. “Los niños y las niñas podrían tener problemas psicológicos y de obesidad porque necesitan espacio para manifestarse. Y se dañarían los intereses económicos de muchas familias que viven alrededor del fútbol: empleados de clubes, entrenadores… Hay mucha gente que vive indirectamente de ello. Hay efectos colaterales: compra de ropa deportiva, instalaciones, cafeterías… Y en las Territoriales, al no tener ingresos sufriríamos una merma importante. Pero no sería insoportable para nuestras finanzas”.

“El 80% de los jugadores de Tercera cobran 300 euros y muchos tienen miedo al virus”, dice un técnico de Murcia, que prefiere el anonimato. “Esto es un hobby. Los clubes podíamos permitirnos parar unos meses. Pero las federaciones territoriales quieren recaudar: se nutren básicamente de las fichas. Las Comunidades Autónomas los protegen. En Lorca prohibieron reuniones de más de seis personas. Si no se puede salir a la calle, ¿cómo la Secretaría de Sanidad de Murcia permite entrenamientos de Tercera y Segunda B?”.

Una PCR a toda la plantilla, 1.800 euros

Javier Muñoz señala que competir en tiempos de pandemia cuesta más caro al club: “Tenemos un presupuesto del primer equipo de 214.000 euros: entre fichas, sueldos, y seguros sociales; y hemos tenido que profesionalizar a gente. Hemos gastado para adaptarnos al protocolo del CSD en un año que nos pilla con menos ingresos por publicidad. Entre 4.000 y 5000 euros, aparte de los sueldos de las personas que hemos contratado como responsables de covid y de higiene”.

Con una de las mejores organizaciones de la categoría, el Carabanchel tuvo que innovar para disputar su partido de debut contra el Villaverde (1-0) después de tres semanas con restricciones de la Consejería de Sanidad, sin poder jugar ni un amistoso, y tras un par de meses de incertidumbre. “Nos deberían haber hecho test, por lo menos al principio, para saber quién tenía covid y que no se expandiese más”, dice Vera. “A mí, personalmente, me preocupaba. Por eso en el equipo decidimos entrenar con mascarillas. Aunque luego compitas sin mascarilla: ¡muy mala suerte tienes que tener para contagiarte en un partido!”.

El Carabanchel paga aproximadamente 10.000 euros en fichas a la federación madrileña cada año. Pero, ante la incapacidad financiera de los clubes modestos, ni las federaciones ni la Administración han querido pagar las pruebas PCR. “El protocolo inicial del CSD mandaba una PCR antes de cada partido", recuerda Muriarte; "pero hacer una PCR a todo el equipo, a nosotros nos costaba 1800 euros por partido. No nos salen las cuentas por ningún lado”.

Alarmada ante los riesgos que implica la actividad de tantos equipos sin control de asintomáticos, la federación española se apresuró a blindarse ante cualquier contingencia jurídica. “Los chavales y los técnicos, para poder entrenar estamos obligados a firmar una declaración jurada”, explica el entrenador. “Afirmas que no tienes síntomas, si has tenido contacto, si has pasado alguna prueba PCR... Así eximes de responsabilidad a la RFEF”.

″Ahora no está del todo claro qué pasa si tienes tres positivos", se pregunta Muriarte. “¿Hasta dónde te obligan a competir y hasta dónde se suspende el partido? Que yo sepa no se ha producido porque, entre otras cosas, a día de hoy no se hacen test”.

El CSD discrepa de las federaciones en torno al público y las pruebas

La presencia de público en los estadios de Segunda B y Tercera División alarmó al Gobierno la semana pasada. “Para nosotros la actividad deportiva en un momento de pandemia se guía por un triángulo de acción sencillo: pruebas obligatorias, recintos sin público y deportistas sin mascarillas”, explica un portavoz del Consejo Superior de Deportes. “Pero el CSD tiene dos responsabilidades. Primero, las ligas profesionales de fútbol, Primera y Segunda, y la primera de baloncesto; y luego intentar armonizar lo que no es de su competencia. Y la Tercera y la Segunda B no son nuestra competencia. Ni en materia de público ni tampoco en materia sanitaria, particularmente en lo que atañe a pruebas de diagnóstico de la covid-19”.

El CSD, según las fuentes próximas a la negociación, lo intentó todo para imponer los controles de PCR en el deporte no profesional. Así lo estableció en el borrador de protocolo que publicó en agosto, y que encontró la oposición de Comunidades Autónomas y federaciones de deportes de equipo, que se opusieron por razones económicas. Nadie quiso cargar con la cuenta de los test. “Pero de repente”, observan desde el CSD, “ahora vemos algunos adalides diciendo que hay que hacer pruebas; y únicamente han virado de postura porque en este mes y medio hemos pasado de que haya PCR por 120 euros a que haya test de antígenos por cinco euros”.

La federación española de fútbol anunció la semana pasada que ofrecerá 200.000 test de antígenos al fútbol no profesional. Sin embargo, el laboratorio Abbot, primer fabricante de este producto, advierte de que los test de antígenos solo son recomendables para uso hospitalario en pacientes con síntomas. Su eficacia para detectar positivos en equipos de fútbol resulta científicamente incierta.