Ni corrupción ni difamación en el ‘Barçagate’
La auditoría encargada a PriceWaterHouse desmiente que la directiva creara estados de opinión contrarios al entorno y jugadores azulgrana
La auditoría encargada por el Barcelona a PricewaterhouseCoopers pone a salvo a la directiva que preside Josep Maria Bartomeu. A juicio del consejo, el resultado del informe es tan concluyente que emprenderá acciones legales contra quienes hayan formulado “acusaciones falsas e infundadas” que han perjudicado la imagen de la institución en un caso conocido como Barçagate. No hay que olvidar que el exvicepresidente Emili Rousaud afirmó que alguien había metido mano en la caja del Barça.
Las conclusiones de la auditoría, que fueron leídas por el portavoz del club Josep Vives y avaladas por el jefe de los servicios jurídicos, Roman Gomez Ponti, una vez finalizada la reunión de la junta, establecen: “Que en la contratación por parte del Barcelona de diversos servicios relativos a la monitorización y análisis de las redes no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie”; “no existió ninguna conducta corrupta”; y “el valor de los servicios objeto del proyecto contratado estaban dentro del precio de mercado”.
También se indica, en contrapartida, que “no se cumplieron los protocolos de aprobación internos del club” —los contratos firmados con la compañía I3 Ventures se trocearon en cinco partes y evitaron pasar por el control de evaluación— y que “los trabajos realizados por las empresas proveedoras son incompletos de acuerdo con el encargo y los servicios contratados”.
El comunicado del club informa también de una presunta extorsión sufrida por el director del área presidencial, Jaume Masferrer, actualmente apartado del cargo, después de que la Ser desvelara los contratos con I3 Ventures.
Frente judicial
La directiva tiene abierto un frente judicial que le impide cerrar el caso después de que fuera admitida a trámite la denuncia presentada por ocho socios miembros del denominado grupo Dignitat Blaugrana. Los Mossos d’Esquadra se presentaron la semana pasada en las oficinas del club y en la compañía auditora para solicitar documentación sobre los contratos con I3 Ventures, informó La Vanguardia. La policía actuaba a requerimiento de la juez de instrucción número 13 de Barcelona. La denuncia pretende aclarar si se produjo alguna irregularidad y hubo administración desleal —hay abierta también una investigación policial—.
La directiva desacrecita, por otra parte, la auditoría interna realizada por Noelia Romero, la compliance officer, también apartada del Barça.
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