Pasaporte a ninguna parte

El viernes pasado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó una sanción de cuatro años al ciclista zamorano Jaime Rosón por los resultados adversos de su pasaporte biológico. Recibiendo con sentimiento la noticia, Eusebio Unzue destacaba todo lo bueno que ha llevado el pasaporte [una prueba de dopaje por manipulación sanguínea que se consigue analizando el movimiento a lo largo del tiempo de los valores hematológicos] al ciclismo, toda la limpieza de costumbres lograda, aunque a veces pensara que en la limpia caían corredores inocentes.

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Tal afirmación no la podría hacer el director del Movistar en España, donde, a diferencia de la herramienta de detección utilizada por las instancias internacionales, el pasaporte no lleva a la limpieza, sino a ninguna parte, caso de la absolución de Ibai Salas, pronunciada solo 48 horas más tarde, puede demostrar.

A Rosón le sancionó la UCI, que controla a todos los ciclistas de nivel internacional y se rige por las normas del Código Mundial Antidopaje. El ciclista podrá recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la corte internacional, que ha ratificado casi el 100% de las sanciones por pasaporte.

A Ibai Salas, ciclista del Burgos, le sancionó por cuatro años la agencia española antidopaje (AEPSAD) que efectúa controles solo a los deportistas nacionales y se rige por la ley española antidopaje. Lo hizo el 3 de octubre pasado. La noticia tuvo gran repercusión mediática: era el primer deportista español sancionado por la autoridad nacional por un resultado adverso de su pasaporte, un método introducido en la normativa española año y medio antes.

El ciclista recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), la corte deportiva nacional, que anuló la sanción. La razón que esgrime el TAD en su resolución del lunes pasado es simple: el real decreto de marzo de 2017 que adecua la ley española antidopaje de 2013 al Código Mundial reconoce, en efecto, el pasaporte como método de prueba de un resultado adverso, señala el TAD, pero esa misma ley, en su artículo 39, manda que para que tenga valor deberá antes procederse a su regulación reglamentaria, lo que no se ha hecho,

Al no haber reglamento español que señale cómo debe llevarse a cabo el procedimiento de declaración de un resultado adverso por el pasaporte, la AEPSAD envió los resultados de Salas al laboratorio de Lausana, donde los técnicos les sometieron al softwarediseñado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y posteriormente tres expertos mundiales determinaron su carácter adverso. “Interpretando al TAD se concluye que la opinión de los expertos de Lausana tiene para los tribunales administrativos españoles el mismo valor que el de otros tres expertos que podría presentar el ciclista y opinaran de otra manera”, señala Alberto Yelmo, abogado especialista en la legislación antidopaje. “No tiene valor de prueba para el derecho público español ya que no está introducida su figura en la ley española”. Es fundamental que el procedimiento de evaluación del pasaporte biológico se encuentre igual de regulado que el procedimiento que debe seguirse para el análisis de las muestras biológicas”.

“Pero no, pero no”, responde José Luis Terreros, director de AEPSAD, quien se muestra “decepcionado, desanimado y preocupado” por la imagen que vuelve a dar España ante el exterior y porque hay en marcha media docena más de expedientes por pasaporte. “En la ley española ya se especifica que el desarrollo del reglamento del pasaporte se calca de los estándares detallados establecidos por la AMA. Lo hacemos así por una necesidad de rapidez. Aprobar el real decreto de adecuación de la ley ya costó dos años, no podíamos permitirnos otros dos años de trabajo para desarrollar un reglamento que podría volver a cambiar en el proceso”.

Terreros se encuentra en Uruguay en una convención en la que ha coincidido con el director jurídico de la AMA, Olivier Niggli, quien le ha hecho llegar su preocupación por la querencia española por convertirse en un agujero negro del dopaje. “Estamos trabajando para lograr que la AMA recurra la resolución del TAD y lograr que los tribunales ratifiquen nuestro proceder. España no puede volver a ser un mal ejemplo”.