El presidente de Las Palmas, en busca y captura

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas ha dictado un auto de búsqueda, captura, detención e inmediata presentación en los juzgado del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La orden se ha dictado a raíz del procedimiento que el máximo mandatario en la entidad amarilla tiene abierto por un presunto delito contra la Seguridad Social y después no comparecer al llamamiento judicial que tenía para el pasado jueves, 19 de abril, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En el auto, al que El País ha tenido acceso, el juez argumenta que no son de recibo las explicaciones realizadas por Ramírez, quien se excusó de no acudir a la citación alegando el itinerario de pasajes de viajes aéreos Las Palmas-Madrid-Miami, y vuelta. En este sentido, el juez considera que "no queda acreditada causa que justifique su incomparecencia", ya que matizó que los billetes fueron comprados el 21 de marzo de este año para viajar el 24 de marzo y con la vuelta prevista para el 4 de abril, con llegada a Gran Canaria para el 5 de abril.

Sin embargo, expone que Ramírez "no hizo uso de esos billetes", que le hubiera permitido comparecer en la fecha que se le tenía fijada; posteriormente adquirió un billete el 11 de abril para volar desde Miami el 24 de abril y con llegada prevista a Gran Canaria el 25 de abril. Todo ello atendiendo a la documentación aportada por el abogado de Ramírez.

Para el titular del juzgado estos hechos motivan una "conducta obstativa, contumaz y rebelde con el consiguiente desprecio a la citación judicial", que se cursó el 13 de marzo de este año, por lo que tenía conocimiento de la misma y "decidió marcharse al extranjero". Además incide en que el que su defensa manifieste que Ramírez comparecerá el 26 de abril "acrecienta más la falta de respecto al llamamiento quebrantado, pues parece que queda a criterio del citado investigado cuando deba recibírsele declaración".

El presidente de la UD Las Palmas está acusado de la comisión de un presunto frade a Hacienda y la Seguridad Social al supuestamente camuflar en concepto de gastos de viaje y dietas, las horas extras de empleados de la empresa Seguridad Integral Canaria evitando así que se reflejara como nómina y la preceptiva retención fiscal. El importe presuntamente defraudado supera los ocho millones de euros.