El juez anuncia el martes si entrega de bolsas de la Operación Puerto
Hay indicios de que el magistrado accederá a la petición de las autoridades deportivas

Alejandro María Benito, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, comunicará el martes al mediodía si entrega a las autoridades deportivas las bolsas de sangre de la Operación Puerto. Con ellas, identificando a las docenas de deportistas que se sometieron a transfusiones de sangre para mejorar su rendimiento, se podrá resolver el enigma que oscurece al deporte español desde hace 10 años.
Fuentes conocedoras del caso han señalado que la tardanza en resolver el recurso presentado por todas las acusaciones y el tiempo que se ha tomado el magistrado en el estudio, la decisión y la redacción de su veredicto son indicio de que haya decidido revocar algunos de los puntos de la sentencia de 2013, que condenó a Eufemiano Fuentes e Ignacio Labarta y absolvió a Manolo Saiz, Yolanda Fuentes y Vicente Belda. Estas fuentes consideran que lo más probable es que decida entregar las bolsas de sangre a alguna organización antidopaje, posiblemente a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), para que proceda a análisis de ADN que permitan identificar a sus propietarios.
En mayo de 2006, una intervención policial en el laboratorio de Eufemiano Fuentes, médico condenado por un delito contra la salud hace tres años, desarticuló la que se consideraba la mayor red de dopaje del ciclismo mundial y requisó dos centenares de bolsas de sangre y plasma congeladas en espera de ser reinfundidas. En invierno de 2013, la magistrada del juicio en primera instancia decidió que las bolsas debían ser destruidas. La sentencia no satisfizo a ninguna de las acusaciones (fiscalía, abogacía del Estado, CSD, federaciones de ciclismo, CONI…), que recurrieron solicitando tanto el aumento de la pena a Fuentes y Labarta como condenar a Belda, Saiz y Yolanda Fuentes como, sobre todo, la entrega de las bolsas.
Aunque la posible falta de dopaje ha prescrito y ya no se puede sancionar a los deportistas culpables, su identificación y escarnio públicos, sobre todo de algunos de los deportistas aún en activo, serviría a las acusaciones al menos para proclamar que ninguna impunidad es eterna
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