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El Frente Atlético financia la defensa de los presuntos asesinos de ‘Jimmy’

La peña ultra rojiblanca abonó 24.000 euros a dos de los principales acusados por la muerte del hincha de Riazor Blues para afrontar las costas del proceso judicial

A finales del mes de junio pasado Ismael López Pérez, uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy —el hincha de Riazor Blues asesinado a palos en la macrorreyerta con ultras rojiblancos el pasado 30 de noviembre en el Manzanares—, montó una capea para sus colegas del Frente Atlético como muestra de agradecimiento. Había salido de la cárcel semanas antes, después de que el juez Pedro Marchante Somalo, recién llegado de su anterior destino en Guadalajara y convertido en el cuarto magistrado que se hacía cargo del caso, decretase su puesta en libertad el 21 de mayo, junto con la de los otros tres acusados de homicidio. De los cuatro mayores de edad acusados de la muerte del hincha del Deportivo —otros tres menores también lo están, pendientes de la decisión del Fiscal—, dos de ellos, Ismael López Pérez y Sergio Santiago Martínez (Bufalín), han recibido 12.000 euros cada uno de las arcas del Frente Atlético para financiar el coste de su defensa, según ha sabido este periódico de fuentes cercanas al caso.

Según las mismas fuentes, el Frente Atlético abrió una cuenta tras las detenciones “para sufragar los gastos procesales de esas personas”, aunque no se sabe cuántos miembros y de qué facciones aportaron dinero.

Especialistas en grupos ultras de la policía aseguran que el Frente Atlético, dado de alta como Asociación Cultural Recreativa Amigos para el Fomento y Desarrollo de Fútbol en la Oficina Española de Patentes y Marcas —dos de los tres miembros de su junta directiva fueron detenidos en la trifulca—, se ha venido financiando en los últimos años por tres vías distintas. Por una parte, mediante el merchandising, con distintos puntos de venta, incluida su página web (cerrada tras el enfrentamiento). También con las cuotas anuales de sus entre 800 y mil socios por el carné, “entre 20 y 25 euros, que al año supondrían entre 16.000 y 25.000 euros”. Y por último, por la reventa de entradas, en muchos casos regaladas a cientos por jugadores del equipo colchonero, como el centrocampista Gabriel Fernández Arenas.

La defensa de los dos agraciados con las ayudas del Frente Atlético —no consta que los otros dos acusados de homicidio, Francisco Javier Jiménez Linares y José Luis Zarzoso, hayan recibido un euro de la peña ultra— la llevan dos poderosos letrados. Se trata del conocido fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, miembro de la junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid con 30 años llevando casos de terrorismo y que en 2010 se pasó a la empresa privada; y de Margarita Santana, también especialista en derecho penal.

Aunque llevan una defensa coordinada internamente, cada uno tiene su despacho. Él defiende a Sergio Santiago Martínez, un joven de 23 años que trabajaba en una agencia de seguros y vivía con sus padres en Alcobendas. Y ella, a Ismael López Pérez, un taxista de Parla de 34 años y padre de dos hijos, entre otros imputados. Este periódico se puso en contacto ayer con la letrada, que prefirió que no se publicasen sus comentarios sobre el procedimiento ni quiso desvelar sus honorarios.

La defensa de ambos abogados ha estado basada en un error detectado en el primer atestado policial, por el que se habría confundido a la víctima. Hubo dos agredidos de Riazor Blues que arrojaron al río. El primero no murió y el segundo, Jimmy, sí. La defensa se centró en ese equívoco y el juez puso en libertad a los agresores, pese a que los agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid constataron que en ambos casos se trataba del “mismo grupo agresor” y recientemente un testigo protegido ha identificado a dos de los excarcelados —-y a otros dos más, uno menor de edad— como autores materiales del apaleamiento de Jimmy que presenció a escasos metros.

Tampoco delito de lesiones

El juez del juzgado de instrucción número 20 de Plaza Castilla ni siquiera ha instruido diligencias por un delito de lesiones, y resolvió la semana pasada en una providencia no tomar más declaraciones, pese a lo solicitado por la acusación popular representada por los servicios jurídicos de la Liga de Fútbol Profesional. No ha llamado a declarar ni al nuevo testigo, ni a los agentes que elaboraron un nuevo atestado con los resultados de otras investigaciones. “Todo indica que en unos días cerrará el caso por riña tumultuaria y lo pasará a la Audiencia Provincial”, apuntan letrados presentes en las tomas de declaración “con interrogatorios muy agresivos por parte de Santana, que casi hizo llorar a una policía municipal”. Incluso van más allá: “Es como si el juez tuviese miedo de enfrentarse a una defensa tan poderosa con acusados objetivamente peligrosos y quisiera quitarse el caso de encima cuanto antes”.

La macrorreyerta del manzanares, en la que se enfrentaron brutalmente hinchas del Deportivo de la Coruña de ideología de ultra izquierda (Riazor Blues) y del Atlético de Madrid de ultra derecha (Frente Atlético), marcó un hito en el mundo del deporte español generando toda una serie de reacciones y baterías de medidas para impedir la violencia en los campos de fútbol, entre ellas la expulsión del estadio Vicente Calderón del Frente Atlético y de sus miembros como socios por parte del club rojiblanco. Sin embargo, el proceso judicial puesto en marcha con la llamada Operación Neptuno que se saldó con más de cien detenidos, parece diluirse en el marasmo judicial, pese a que todo el mundo pudo ver los vídeos en los telediarios de aquellos días que sirvieron de prueba para identificar a los agresores.

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