Las razones del CSD

Dos de los puntos clave que más ampollas han levantado en la federación y la AFE son la capacidad del Estado para regular los derechos televisivos y la adjudicación a la LFP, a quien se los han cedido los clubes. La federación antepone el reglamento de la FIFA a cualquier ley nacional a la hora de sentirse dueña de la competición, de la Liga, y, por lo tanto de los derechos de los partidos que conforman la misma, y tanto Ángel María Villar como la AFE se han preguntado sobre la capacidad de intervención del Estado en un asunto, como la relación fútbol-televisión, que, según su forma de ver la realidad, son actividades absolutamente privadas.

En la memoria, documento obligatorio, que acompaña el decreto ley televisivo para argumentarlo y defenderlo, el Consejo Superior de Deportes (CSD), aporta jurisprudencia y leyes que no solo justifican su intervención, sino que la convierten en obligatoria.

Según la memoria, el Estado tiene “competencia para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como en materia de determinación de normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y medios de comunicación social”. Y, el CSD interviene porque, recuerda el documento, “el informe preparado por la Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España y aprobado el 26 de mayo de 2010 [legislatura socialista] por la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados se refirió con carácter específico a la necesidad de reordenar el régimen y la gestión de los derechos audiovisuales vinculados a las competiciones profesionales del fútbol por entender que, como fuente fundamental de su viabilidad y sostenibilidad, requería una delimitación normativa precisa y estable”.

Una vez respondida a la primera cuestión, ¿por qué entra el estado a regular una actividad privada?, el equipo de Miguel Cardenal, motor e impulsor del real decreto que ha generado tal malestar en federación y futbolistas que estos han convocado una huelga para modificarlo o revocarlo, entra en la segunda duda: ¿Los derechos son de la federación, de los clubes o de la Liga?

“La titularidad de los derechos audiovisuales por parte de los clubes ha sido indiscutida en España al menos desde la Ley del deporte de 1990”, responde, tajante, un informe jurídico del CSD. Este documento recuerda que, con ocasión del Plan de Saneamiento, puesto en marcha desde el estado con dinero público para solucionar las grandes deudas del fútbol en 1990, se “atribuía a la LFP la precepción y gestión de todos los derechos por retransmisiones televisivas de las competiciones que organice”. Más tarde, la ley de 1997 que regulaba, ya entonces, las retransmisiones deportivas estableció que los titulares de los derechos eran “los clubes o sociedades anónimas deportivas o los operadores”.

Además, añade el informe jurídico del CSD, el convenio Liga-federación, por la que este ente recibe unos 27 millones de euros anuales de los clubes, prevé que la Liga explote todos los derechos de toda la competición [de Copa], salvo la final. El documento añade finalmente varias sentencias del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional (la última, del Supremo en enero pasado en relación con la guerra del fútbol entre los operadores), en las que continuamente se hace referencia a la titularidad de los clubes, “nunca se habla de la federación”.

Cardenal explica que el debate se establecía entre clubes y LFP, y que por eso el real decreto establece que los clubes, propietarios, ceden los derechos a la Liga para la explotación conjunta. Y, finalmente, se pregunta. “Si los derechos eran de la federación, ¿por qué ha esperado hasta ahora Villar para reclamarlos y no ha intervenido antes para solucionar el caos antieconómico y oscuro en que se habían convertido?”