El Barça, al banquillo

La maraña de contratos que el anterior presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y su sucesor, Josep Maria Bartomeu, tejieron para fichar a Neymar y presentarlo ante los socios en 2013 por un coste por debajo del real ha acabado con los dos mandatarios culés al borde del banquillo de los acusados por delitos fiscales y de administración desleal. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, emitió ayer un auto —resolución razonada— con el que cierra la investigación abierta en diciembre de 2013 tras la denuncia del socio Jordi Cases y sigue las diligencias por los trámites del “procedimiento abreviado”. Este paso judicial es equivalente al auto de procesamiento. La actuación afecta también al propio FC Barcelona, que sigue imputado en la causa como persona jurídica.

El magistrado instructor, tras recibir informes de la Agencia Tributaria y estudiar los 13 contratos de 2011 y 2013 que ligan al delantero brasileño con el Barça, entiende que hay indicios para juzgar a Rosell y Bartomeu por defraudar al fisco cerca de 13 millones de euros. Ruz cifra en 83,37 millones de euros el coste real del jugador, antes de impuestos, frente a los 57,1 que declaró Rosell a la Asamblea de socios en octubre de 2013, 40 en concepto de ficha y el resto en pago al Santos, club de procedencia del jugador, por el traspaso.

El presidente azulgrana reafirma que no cometió ningún tipo de delito y no piensa dimitir

Los 13 contratos celebrados entre el Barça, el Santos y la empresa del padre y representante del jugador —por conceptos tales como ojeo de jugadores, partidos amistosos o incluso “préstamos” al jugador— esconden, según el juez, el montante de la contratación de Neymar. Y, por lo tanto, se trata de ingresos laborales del jugador sujetos a retención fiscal que debió practicar y no practicó el club.

Las principales defraudaciones, en términos cuantitativos, se produjeron en 2011 —en total 2,4 millones de euros— y en 2013 —6,78 millones—. En esta época el club estaba presidido por Rosell. El 30 de enero de 2014, una semana después de que Rosell dimitiera y Bartomeu asumiera el cargo, algunos de los contratos firmados en la época anterior cobraron vigencia y provocaron un fraude fiscal de 3,84 millones.

Sobre Rosell, Ruz escribe que “ideó la operación de tal manera que el FC Barcelona eludiera o minorara de forma subrepticia la tributación a la Hacienda Pública”. En relación con Bartomeu, el auto destaca su protagonismo “tanto en la génesis de las operaciones contractuales que constituyen la base fáctica del procedimiento [contratación de Neymar] como en el desarrollo del fichaje”.

El juez Ruz dedica una parte de su escrito a explicar las implicaciones del auto de ayer: “implica un juicio provisional [del instructor] sobre si existen elementos necesarios para considerar que los hechos denunciados son constitutivos de un posible delito”. Y recuerda que será en la vista oral, donde, llegado el caso, “se desvirtuará la presunción de inocencia” de los procesados.

El delito fiscal, recogido en el artículo 305 del Código Penal, se castiga con penas de uno a cinco años de prisión y multa de hasta seis veces la cuantía defraudada. En el caso de las personas jurídicas, que no pueden ingresar en prisión, prevé una multa del doble de lo defraudado.

Reprochan al juez por decidir mediáticamente y con tanta celeridad

El Barcelona no comparte ni el fondo ni la forma en que el juez Ruz ha decidido imputar al club, a Rosell y a Bartomeu. A pesar de la gravedad de que el club y sus dos últimos presidentes estén imputados, Bartomeu no tiene intención de dimitir y mantiene su deseo de presentarse a las elecciones que se celebrarán cuando concluya la temporada.

El club emitió un comunicado en el que insiste en que no se cometió ningún tipo de delito en el fichaje de Neymar. Pone de relieve que causa extrañeza “y toda la inseguridad que se puede esperar de un tribunal”, que la defensa del club denunciase la incompetencia de Ruz y el juez haya despachado “mediáticamente el asunto”.

El Barcelona anuncia que denunciará de manera inmediata “la anormal celeridad con que se están ejecutando los trámites”. Argumenta que no se están respetando ni los ritmos procesales, ni las garantías de las partes, como por ejemplo, que todavía no se haya oído en declaración al representante legal del Barcelona, a pesar de que así lo acordó el juez de instrucción en su momento.