3,7 millones sin destino conocido

El Caso Osasuna entra en la vía judicial tras la denuncia del propio club contra la directiva de Miguel Archanco

Rueda de prensa de Luis Sabalza, presidente de Osasuna.
Rueda de prensa de Luis Sabalza, presidente de Osasuna. Mikel Saiz (DIARIO AS)

La actual dirección de Osasuna, presidida por Luis Sabalza, ha decidido tomar la delantera en las posibles responsabilidades judiciales que puedan derivarse de la investigación puesta en marcha por el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional en torno a irregularidades contables en el club y la posible compra de partidos. Antes de que la Fiscalía pueda actuar de oficio a instancias de lo averiguado por las dos entidades deportivas, ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Pamplona por la desaparición de 2,4 millones de euros de sus cuentas durante los años 2013 y 2014, bajo la presidencia de Miguel Archanco. Osasuna se basa para su denuncia en el informe del CSD para asegurar que “se desconoce la contraprestación vinculada al club y el destino final de ese dinero”.

El club quiere personarse en el sumario "para limpiar el nombre de Osasuna"

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, se hará cargo de este sumario, en el que ve posibles delitos societarios, de falsedad documental y apropiación indebida. Ha ordenado a la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía que investigue de forma urgente el destino de 3.761.611 euros salidos de las cuentas del club sin que haya constancia de que las personas o empresas a las que fueron a parar prestaran servicio alguno a la entidad, una cifra que supera lo denunciado por el club.

Se trata, por una parte, de 1.345.000 sacados en efectivo de la cuenta del club entre noviembre de 2013 y junio de 2014, por lo que solicita la identidad de quienes extrajeron esas cantidades. Tenían autorización para esas operaciones el presidente Archanco, el vicepresidente Juan Pascual, el secretario José Luis Roldán, el director financiero y el gerente Ángel Vizcay, que es quien confesó a la LFP las presuntas irregularidades y amaños de partidos.

Además, el magistrado quiere que se sepa la finalidad real del pago realizado en junio de 2011 a Cristina Valencia y Alberto Nolla, por 900.000 euros. Se da la circunstancia de que Valencia es actualmente la gerente del Terrasa, club en el que el ex directivo de Archanco, Txuma Peralta, ejerce como presidente virtual a la espera de hacerse definitivamente con la propiedad del club. Peralta justificó ese pago en asesoramientos urbanísticos de los que no se tiene constancia en Osasuna.

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El juez pide aclarar también quién es el supuesto agente deportivo que recibió 76.611 euros en diciembre de 2011 y al que sólo se le identifica como “López”. Quiere también conocer quiénes firmaron el contrato entre Osasuna y la consultora Flefield, domiciliada en la isla portuguesa de Madeira y a la que el club abonó 1.440.000 euros sin que se conozcan los servicios prestados por esta empresa, radicada en una isla a 2000 kilómetros de Pamplona.

El juez Otamendi solicita también que la LFP envíe las comunicaciones que le llevaron a encargar el informe de auditoría al CSD al que también solicita que envíe el original de ese informe. Cita además a los autores de la auditoría para que declaren el próximo 2 de marzo.

En nombre de la junta, el directivo Pedro Baile expresaba que confían en que esta investigación judicial aflore “todo, no sólo esto”, en referencia a la salida irregular de dinero del club. Convocarán también una asamblea extraordinaria para que los socios autoricen que el club se persone en el sumario “para limpiar el nombre de Osasuna”.

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