Querella masiva por el presunto tongo en el Levante-Zaragoza

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón presentó ayer una querella masiva, con 42 implicados, por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza disputado en Valencia en 2011. La victoria del conjunto aragonés (1-2) en dicho encuentro correspondiente a la última jornada de la temporada 2010-2011 supuso su permanencia en Primera División. La querella fue presentada en Valencia por un presunto delito de fraude deportivo.

En la denuncia figuran tres miembros del consejo del Zaragoza, con su expresidente Agapito Iglesias a la cabeza; 36 jugadores de ambos clubes, entre ellos Gabi, actual capitán del Atlético y que marcó los dos goles del Zaragoza aquel día; Javier Aguirre y Antonio Prieto, por entonces entrenador y secretario técnico, respectivamente, del club maño y el propio Real Zaragoza como entidad jurídica. No han sido incluidos en el escrito de la fiscalía ni el Levante ni ninguno de sus directivos.

El fiscal apunta directamente a Agapito Iglesias, a los consejeros Francisco Javier Porquera y Francisco Checa, a Antonio Prieto, Javier Aguirre y a los tres capitanes del Zaragoza, Gabi, Ponzio y Jorge López como presuntos urdidores principales del tongo “con la anuencia del resto de jugadores”. “Acordaron amañar este último partido. A tal fin se estableció que se entregarían 965.000 euros a los jugadores del Levante a cambio de que estos permitieran al conjunto zaragocista ganar el partido”.

El fiscal aporta como prueba indiciaria los ingresos de dinero que el 17 y el 19 de mayo, dos días antes del encuentro investigado, hicieron Antonio Prieto (50.000 y 35.000), Javier Aguirre (50.00 y 35.000), Lanzaro (50.000 y 40.000), Ander Herrera (50.000 y 40.000), Doblas (50.000 y 40.000), Da Silva (50.000 y 40.000), Braulio (50.000 y 40.000), Ponzio (50.000 y 35.000), Gabi (50.000 y 35.000), Jorge López (50.000 y 40.000) y Diogo (50.000 y 35.000). Las transferencias se ejecutaron desde una oficina de Bankinter ubicada en Boadilla del Monte (Madrid).

Según fuentes de la investigación, estas transferencias fueron reflejadas en los libros de cuentas del Zaragoza como “primas”. Sin embargo, la versión de Gabi cuando declaró ante el fiscal desmontó que fueran premios por la permanencia. Gabi admitió el ingreso, pero también que una vez recibido se lo devolvió al club y, como el resto de jugadores interrogados, negó el amaño. “Hice lo que me pidió Agapito. No sé para qué se utilizó luego ese dinero. Pensé que como el club iba a entrar en concurso de acreedores, sería para eso”, aseveró Gabi ante el fiscal,que aporta como prueba la retirada del dinero por parte de los 10 implicados a los que se les ingresó. “Para satisfacer el acordado pago del soborno, los días 19 y 20 de mayo de 2011 los destinatarios de los fondos extrajeron en efectivo de sus cuentas las cantidades recibidas del Real Zaragoza”.

Una vez presentados los movimientos bancarios como prueba, el fiscal prosigue en la querella con el desarrollo de la trama: “De acuerdo con los receptores de estas cantidades con el resto de los jugadores del Real Zaragoza que habrían de disputar el encuentro, se hicieron llegar los fondos en metálico a los jugadores querellados del Levante antes del comienzo del referido partido como retribución por la pactada victoria del Zaragoza”.

En el escrito, el fiscal no refleja ni cómo, ni cuándo ni a quién fue entregado el dinero. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a este periódico que una de las pruebas indiciarias que podían señalar a algunos jugadores del Levante es la escasez de disposiciones en efectivo registradas en sus cuentas tras la disputa del partido.

Una vez presentada la querella, el juez de los Juzgados de Valencia sobre el que recaiga el asunto llamará a declarar a los implicados si la admite a trámite. Fuentes judiciales consultadas apuntan a que lo normal es que todos se presenten ante el juez como imputados al tratarse de una acusación en la que tienen derecho a defensa con un abogado.

Los sobornos y los fraudes en el mundo del deporte son delito en España desde 2010. El artículo 286 bis del Código Penal prevé hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación como castigo así como multas para aquellas conductas que tengan por finalidad “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales”.

La pena prevista para la persona física autora del delito es la prisión de seis meses a cuatro años y la inhabilitación por un tiempo de uno a seis años. Los clubes también pueden ser sancionados con pérdida de puntos, descensos y también con la exclusión de la competición por un tiempo determinado.

“No vamos a comentar nada”, dijo a Efe una fuente del Zaragoza, quien ha explicado que la actuación de la fiscalía es lo que estaba previsto en este proceso y ahora habrá que esperar a ver qué dictamina el juez. El domingo, en El Larguero, Gabi fue cuestionado por el asunto: “Cuando menos esto es incómodo. Seguro que habrá un juicio paralelo”.