La rueda ya está inventada

El problema de la violencia en el deporte, y en el fútbol de manera especial, no es ni mucho menos nuevo en España. Acontecimientos trágicos y desgraciados que en su día nos conmocionaron siguen vivos aún en nuestra memoria. Las reacciones frente a esta lacra en el contexto europeo, estimularon a nuestro país a dotarse de un marco legal de referencia fruto del consenso tanto de los principales agentes (clubes, Liga, Federación, AFE) como de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Primero con la Ley del Deporte y después y muy especialmente en la vigente Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, aprobada , conviene no olvidarlo, con el voto favorable de más del 90% del Congreso.

Largo y fecundo ha sido el camino recorrido, mucho el esfuerzo de todos, y cuantiosa, también, la inversión pública remodelando estadios, articulando operativos para garantizar la seguridad de los espectadores, propiciando el trabajo conjunto de todos los afectados y la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor ejemplar ha sido objeto de atención más allá de nuestras fronteras. De todo ello queda reflejo en las previsiones del Reglamento de Prevención de la Violencia de 2010 para adaptarse a los parámetros de la Ley de 2007.

En esas normas se encuentran definidas las medidas que se deben poner en práctica. Medidas en plena sintonía con las exigencias y compromisos internacionales. La arquitectura institucional de esta apasionante y democrática lucha está bien articulada. Es imprescindible, sin embargo, aplicarla de forma decidida.

El marco normativo contempla, desde luego que sí, medidas represivas contundentes. La expulsión de los violentos de los estadios está legitimada por la Ley, así como fuertes multas, cierres de campo y el control de los grupos de aficionados radicales, junto con la obligación por parte de los clubes de llevar un Libro de Registro de Actividades de Seguidores pormenorizadamente regulado en el Reglamento de 2010.

En lo que al control de la venta de entradas se refiere, están claras las obligaciones y las medidas a adoptar para facilitar puntual información a la autoridad gubernativa. En esto no debería ser precisa insistencia alguna.

Pero la Ley de 2007 ponía el acento, además, en las medidas preventivas y dedicaba además un capítulo completo a las “medidas de apoyo a la convivencia y a la integración en el deporte” pues resulta evidente que no hay mayor ni mejor prevención que impregnar a la misma sociedad de los valores positivos presentes en el deporte, tales como el respeto al contrario y su diversidad, la tolerancia y el rechazo a todo comportamiento o gesto que alteren la convivencia.

El marco normativo contempla, desde luego que sí, medidas represivas contundentes

Dentro de esas medidas merece especial mención el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, adscrito al CSD, con funciones de estudio, análisis, propuesta y seguimiento en la materia. Comenzó a funcionar en diciembre de 2004, antesde la aprobación de la Ley. Otras medidas regulan la realización de campañas de concienciación, fomento del voluntariado, y estímulo de acciones de hermanamiento entre deportistas y/o aficiones rivales. Y, también, la planificación, cuyo mejor exponente son los denominados Planes Individuales de Riesgo que están obligados a elaborar para cada recinto deportivo y sus aledaños los delegados del Gobierno con carácter anual y en colaboración con los responsables de los mismos, pues resulta claro que las características físicas de cada estadio y su entorno son determinantes de las medidas que deben preverse dentro y fuera del estadio, para evitar sucesos como los tristemente acaecidos.

Existen, pues, las medidas y buena parte de ellas se vienen adoptando ya, aunque parece que no se ha dado aún el impulso necesario a todas las de carácter preventivo. Es necesario dotar a los clubes de los instrumentos precisos para caminar en esta dirección, lo que difícilmente podrá lograrse con normas como el Real Decreto 403/2013 que dejó de vincular una parte importante del dinero de las apuestas deportivas al mantenimiento y mejora de los estadios. Esperemos que se recupere esta vinculación a la mayor brevedad.

En la decidida adopción de medidas preventivas, en el fomento de la educación en valores que faciliten la convivencia, en anticiparnos y cumplir lo ya consensuado, queda aún terreno por recorrer. Apresuremos el ritmo y no perdamos más tiempo. Y no volvamos a inventar la rueda cuyo descubrimiento tuvo lugar hace ya varios miles de años.

Jaime Lissavetzky fue secretario de Estado para el Deporte de 2004 a 2011. Ramón Terol Gómez es profesor titular de Derecho Administrativo.