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La policía y el fútbol, en fuera de juego

La muerte de un ultra del Deportivo tras una batalla con radicales del Atlético cuestiona los protocolos de seguridad

Es urgente que los clubes apliquen sin titubeos la tolerancia cero con los violentos

Un policía acompaña a los aficionados del Deportivo de camino al Vicente Calderón
Un policía acompaña a los aficionados del Deportivo de camino al Vicente Calderón REUTERS

La ultratolerancia con los radicales que encuentran impunidad en el fútbol se cobró ayer otra víctima. Esta vez, Francisco Javier Romero Taboada, un ultra del Deportivo de 43 años, que falleció en Madrid después de ser apalizado y lanzado al río Manzanares tras una batalla salvaje entre facciones extremistas del Atlético y el equipo gallego, con infiltrados de otros ultras como los Bukaneros del Rayo Vallecano. La brutal refriega, con más aristas políticas que futboleras, según la policía, se inició en los aledaños del Calderón sobre las nueve de la mañana con unos 200 implicados.

No parece casual que la barbarie urbana comenzara a primera hora de la mañana. El partido Atlético-Deportivo del mediodía no fue catalogado de “alto riesgo” por la Comisión Nacional Antiviolencia que presiden a turnos Educación e Interior. Si no hay mayor peligro, el dispositivo policial, de unos 150 efectivos, no se despliega hasta dos horas antes, con lo que en el momento de iniciarse el tremendo zafarrancho no había seguridad. Según distintas fuentes, los Riazor Blues, de extrema izquierda, y el Frente Atlético, de extrema derecha, se retaron por las redes sociales, aspecto crucial que pasó desapercibido para la policía, pese a contar con especialistas en estos grupos. No es la primera vez, ni mucho menos, que en función del credo político se unen los regimientos de unos contra otros y estalla la atrocidad.

Los extremistas, incluidos los de otros equipos, se retaron por las redes sociales

Los hechos evidenciaron una cadena de fallos en el protocolo de seguridad, así que todos los responsables despejaron las culpas. De entrada, la Comisión Antiviolencia se escudó en que la policía no le informó del traslado a Madrid de los Riazor Blues, por lo que no concedió al partido la etiqueta de alto riesgo, que suele movilizar a más de un millar de agentes. La propia delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, puntualizó: “Según la jefatura superior de policía de Galicia no estaba prevista la llegada a Madrid de estos ultras”. Nadie fue capaz de aclarar dónde compraron las entradas y cómo pudo pasar desapercibida una caravana con un centenar de radicales deportivistas rumbo a Madrid, partieran de A Coruña o de Lugo.

La intervención policial se demoró unos 20 minutos y a duras penas se lograron sofocar los gravísimos altercados, cerrados con una docena de heridos y una veintena de arrestos. La situación de Francisco Javier Romero Taboada ya era crítica, pero nada impidió que el partido se jugara a la hora prevista. Algunos expertos policiales consultados defendieron que es lo más conveniente en estos casos, porque permite mayor control en los aledaños y organizar con tiempo la evacuación.

Según el reglamento, la potestad de suspender un partido corresponde al árbitro, salvo que haya graves incidentes dentro del estadio, en cuyo caso pueden decretarlo los cuerpos de seguridad. El árbitro requiere el visto bueno de la Federación Española de Fútbol (RFEF). En un sainete más, la Liga (LFP) y la RFEF, que no congenian desde hace tiempo, se pasaron la pelota. La LFP se apresuró a difundir que su intención era suspender, pero que no se localizó a nadie de la RFEF. El ente federativo aclaró después, a través de su secretario general, Jorge Pérez, que el presidente del Comité de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, recibió una llamada “once minutos antes de comenzar el encuentro”. “Ya era tarde para suspender y podía provocarse un problema de orden público”, subrayó Jorge Pérez.

Nada impidió que el partido del Calderón se disputara a la hora prevista

Iniciado el encuentro, un sector de la hinchada colchonera abucheó a los radicales del Frente Atlético. En diciembre de 1998, Ricardo Guerra, miembro del grupo, fue condenado a 17 años de cárcel por el asesinato de Aitor Zabaleta, seguidor de la Real. Es habitual que durante los partidos estos ultras proclamen su apología de la violencia con gritos contra el propio Zabaleta, Juanito, el fallecido exjugador del Madrid, o muchos otros. “Yo no soy quién para disolver el Frente”, sostuvo ayer el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. “Ni dinero, ni entradas. No les facilitamos nada y este año quitamos el abono a otros 46”, enfatizó.

El presidente, Enrique Cerezo, condenó “los hechos ocurridos a 500 metros del estadio, un suceso que nada tiene que ver con el Atlético y el Dépor”. El fútbol va tan a la suya que ayer ni siquiera fue unánime el minuto de silencio, respetado en algunos encuentros, ignorado en otros.

Consumada la tragedia urge que todas las partes implicadas asuman sin ambigüedades su responsabilidad para saber qué ha fallado y reforzar los protocolos. Conviene que se expliquen sin demora las distintas policías responsables, la Delegación de Gobierno, los representantes de la Comisión Antiviolencia, los clubes, su patronal y la federación. Hace mucho que el fútbol quiso mirar para otro lado ante la metástasis de los ultras. Lo frecuente, salvo en los casos de Joan Laporta y, recientemente, Florentino Pérez, ha sido la connivencia y la transigencia. Basta con ver el idilio sin pudor entre algunos ultras, técnicos y jugadores. A nadie se escuchó ayer su firme voluntad de decir: “Ni un ultra más en mi estadio”. Su violenta semilla no tiene un germen futbolístico. Pero es en el fútbol donde han encontrado amparo y consentimiento. Simeone apuntó que es un “problema social”. Lo que no puede ocultar es que es el fútbol quien no puede darles cobijo nunca jamás. No hay causa que merezca su apoyo.

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