Señor juez, no fue penalti

El conflicto del Real Murcia ha sacado a pasear los viejos fantasmas del fútbol español. No es la primera vez que un club que se ha visto descendido por una norma administrativa se rebela contra la medida y saca a sus jugadores y a su afición a la calle para revertir la situación. Ya ocurrió hace casi 20 años cuando Celta y Sevilla convocaron manifestaciones multitudinarias, y provocaron que las autoridades deportivas dieran marcha atrás. La diferencia ahora es que el Murcia se ha ido además a los tribunales, es decir, ha subido el último escalón, judicializando el caso.

Para comprender el debate es preciso primero olvidarse de los argumentos colaterales que esgrime el Murcia, como la presunta enemistad entre el dueño del club, Jesús Samper, y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, y centrarse en el meollo del conflicto, que es puramente financiero.

La LFP tomó la decisión de no inscribir al Murcia por incumplir unos estatutos que exigen a los clubes que forman parte de esa organización que demuestren un mínimo de solvencia. El Murcia vulneró esos requisitos y no solo eso sino, lo que es mucho más grave porque nos atañe al resto de contribuyentes, ha incumplido reiteradamente todas sus obligaciones con Hacienda, a la que debe 12,5 millones de euros.

Esos estatutos, aprobados por abrumadora mayoría de los 42 clubes que forman la LFP, no son un capricho. Son una exigencia para acabar de una vez por todas con el desmadre de una Liga que puede ser la mejor del mundo pero también la más entrampada. Los clubes de Primera y Segunda División deben la friolera de más de 3.600 millones de euros, y 482 millones al fisco.

Los estatutos son una exigencia para acabar de una vez por todas con el desmadre de una Liga que puede ser la mejor del mundo pero también la más entrampada

Dice Samper que los estatutos son como las normas de una comunidad de vecinos, que no pueden estar por encima de la ley, olvidando, primero, que ningún tribunal ha dicho aún que los estatutos de la LFP sean ilegales (solo se han aprobado medidas cautelares). Pero, siguiendo con su símil, resulta que el Murcia del señor Samper es el vecino moroso que se aprovecha de la buena voluntad del resto para no pagar nunca el recibo de la comunidad. Habría que recordarle que se ha cambiado la ley de Propiedad Horizontal para permitir el desahucio de los vecinos gorrones.

Si se sienta un precedente con el caso del Murcia, se puede producir un efecto llamada en el fútbol español. Algunos clubes se volverán a endeudar por encima de sus posibilidades o dejarán de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social, sabiendo que si la LFP les desciende, pueden irse a un juzgado de guardia a solicitar la suspensión cautelar de la medida.

Y aún peor. Si se judicializa el fútbol, los clubes pueden ir mas allá, y solicitar a los juzgados la suspensión de medidas disciplinarias como por ejemplo, la exclusión de Luis Suárez de los terrenos de juego. Y alguno incluso puede sentirse tentado de rearbitrar un partido en el que haya habido un gol fantasma o un penalti inexistente. Por eso, la FIFA prohíbe expresamente que se lleven a los tribunales sus decisiones.

Señor Samper, cumpla la ley y pague el recibo de hacienda como le ha dicho el juez. Lo demás, es fútbol.