El fútbol uruguayo, descabezado a 70 días del Mundial
La federación dimite en bloque ante la escalada de violencia en los estadios y la FIFA investiga si el Gobierno ha propiciado el cese, lo que podría llegar a excluir a la selección del torneo
![García, del Nacional, pelea un baló con Bernardi, de Newell's, durante el partido de la Copa Libertadores en la que se registraron los incidentes entre hinchas y policía.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/33WIHJ35R6AUTBKMAVTB76KRVE.jpg?auth=1a986532bb8c854ff95ff45e131233007fa25393a18914e76d08d96f10082989&width=414)
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dimitió en bloque ayer tras una rápida escalada de las tensiones que rodean desde hace meses al balompié charrúa, y que llevaron al presidente del Gobierno, José Mujica, a retirar la protección policial de los estadios de Peñarol y Nacional (los mayores clubes del país, ambos de Montevideo) en los partidos de Liga del pasado fin de semana. Una polémica que se agudiza por la cercanía del Mundial y la posibilidad, remota, de que la FIFA pueda sancionar a Uruguay si comprueba que el Gobierno ha influido en el cese de los dirigentes de la federación.
Los incidentes del pasado miércoles 26 durante un partido de la Copa Libertadores entre Nacional y el equipo argentino Newell’s Old Boys, con un saldo de decenas de heridos (entre hinchas y policías) y cuarenta detenidos, agotaron la paciencia del Ejecutivo uruguayo. “La intención del Gobierno no fue para nada detener el fútbol, porque no puede hacerlo ni le interesa. Pero tenemos que parar el asunto de la violencia, o matizarla por lo menos, hablando entre todos”, explicó el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero.
El pasado viernes, Mujica convocó al todavía presidente de la Federación, Sebastián Bauzá, y a los presidentes de Peñarol y Nacional, Pedro Damiani y Eduardo Ache, respectivamente, para transmitirles que las fuerzas policiales pasarían a custodiar únicamente las taquillas de los estadios, mientras que serían los propios clubes los responsables de hacerse cargo de sus recintos con seguridad privada. Los clubes amagaron entonces con suspender el torneo liguero, pero la jornada del sábado se celebró no sin que cesaran los rumores de paralización. La Mutual de Futbolistas, un sindicato que agrupa a los jugadores, adujo ese mismo día que sus afiliados no podían disputar los partidos con las garantías de seguridad suficientes, y la Federación accedió a la petición de suspender, entre otros, el Miramar-Peñarol del domingo. Las sospechas del Nacional (que había jugado y perdido el sábado 0-1 contra Liverpool) de que detrás de la suspensión se escondía una treta para beneficiar a su archirrival, el Peñarol, para que tuviese más días de descanso de cara a la Copa Libertadores, dinamitaron cualquier posibilidad de consenso.
El Gobierno quiere que los clubes se hagan cargo de la seguridad de los estadios
Ante las presiones ejercidas, el lunes por la mañana Bauzá y los otros miembros del Comité Ejecutivo de la AUF presentaron la dimisión. “Los hechos de pública notoriedad acontecidos en los últimos tiempos demuestran la necesidad de dar un paso al costado y permitir que otras versiones políticas otorguen gobernabilidad al Fútbol”, explicó el Consejo Ejecutivo en el documento que publicó en su portal. Las diferencias entre clubes y federación se recrudecieron hace varias semanas durante las negociaciones por los derechos de televisión de los partidos de la selección celeste a partir de 2016, cuando comience la clasificación a la Copa del Mundo 2018. Este martes el presidente Mujica tenía previsto reunirse con los dirigentes de los clubes, la federación y la asociación de futbolistas para encauzar la situación. El artículo 67 del código de la FIFA establece que los clubes son responsables de la conducta impropia de sus espectadores y son pasibles de multas y otras sanciones más severas “en caso de disturbios”.
El escenario se complica por la cercanía del Mundial y la posibilidad de que la FIFA pueda sancionar a Uruguay si comprobase alguna influencia del Gobierno nacional en el cese de los dirigentes de la federación. Tanto portavoces de varios clubes como algunos periódicos de Montevideo apuntaban ayer a esta posibilidad, descartada por el propio Mujica horas después: “No creo que la FIFA nos sancione". Por su parte, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Eugenio Figueredo, dijo a Reuters: “No creo que corra ningún riesgo la participación en el Mundial” de Uruguay, un país de tres millones y medio de habitantes, cuya selección quedó cuarta en el pasado Mundial de Sudáfrica 2010 y fue campeona de la Copa América en 2011. Un portavoz de la FIFA declinó la posibilidad de hacer comentarios a este periódico “por no haber recibido aún confirmación oficial” sobre la situación de la federación uruguaya.
El partido que tenía que disputar el Peñarol el pasado domingo terminó por suspenderse
La medida de retirar a la Policía de los principales estadios del país parece ser apoyada por un amplio sector de la población uruguaya, según los primeros que recogen los medios online. El Ejecutivo plantea adquirir cámaras de video con identificación facial y aprobar el sistema de sanciones recomendado por la FIFA para que se quiten puntos a los clubes cuyos hinchas protagonicen disturbios. La crisis del fútbol uruguaya no es nueva y tiene puntos de contacto con el problema endémico del fútbol argentino, en la otra orilla del Río de la Plata, azotado por episodios de violencia crónica, prebendas en manos de barrabravas y acusaciones generalizadas de corrupción, y donde la hinchada del equipo visitante tiene prohibida la asistencia a los partidos. “Una tribuna con tres mil personas no es solo aliento. Es también un mercado formidable para realizar todo tipo de transacciones ilegales”, escribía ayer en el diario uruguayo El País el columnista Gerardo Sotelo. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió recientemente a las peleas de los barrabravas cerca de los estadios y aseguró que había intereses relacionados con el merchandising, el negocio de los aparcamientos, el narcotráfico y la prostitución. Su subsecretario, Jorge Vázquez, calificó la medida gubernamental de “un sacudón” […] “Es un llamada de atención, es decir: vamos a asumir la responsabilidad”.
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