Ruz asume que existe el ‘caso Neymar’

El magistrado de la Audiencia Nacional admite la querella por administración desleal contra Rosell por el fichaje del delantero brasileño Exige al jugador el contrato mercantil con su padre

Neymar, el día de su presentación como azulgrana.
Neymar, el día de su presentación como azulgrana.ALBERT GEA (REUTERS)

Los diferentes contratos —hasta nueve— que ligan a Neymar con el FC Barcelona ya son oficialmente materia de investigación judicial. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella interpuesta el pasado 5 de diciembre contra el presidente azulgrana, Sandro Rosell, por “apropiación indebida por distracción” (administración desleal) en la contratación del delantero brasileño, que comenzó a gestionarse en noviembre de 2011 y culminó en junio de 2013. El magistrado considera que del contenido de la querella presentada por el socio opositor Jordi Cases y, “muy especialmente”, de la documentación enviada por el Barça a petición del juez, se desprenden “elementos suficientes” para justificar una investigación judicial sobre el fichaje de la estrella brasileña.

La decisión de Ruz ha provocado un cambio en la estrategia defensiva del club: mientras cabía la posibilidad de que el magistrado archivara la denuncia, ha ido colaborando con el juez. Ayer, tras conocer que las pesquisas siguen adelante, fuentes de la entidad anunciaron que recurrirán para que la investigación deje de llevarse en la Audiencia Nacional, por falta de competencia, y se traslade a los juzgados de Barcelona.

El juez no ve de momento “ni urgente ni necesario” citar como imputado a Rosell

El club insiste en que los servicios del delantero costaron 57,1 millones de euros. Sin embargo, el querellante eleva este montante a 94,4 millones. Tanto Cases como la Fiscalía de la Audiencia Nacional —y ahora el juez Ruz— aprecian que lo que en realidad es la ficha del jugador se oculta bajo distintos “contratos simulados”. Entre otros puntos que llaman la atención del juez figuran el hecho de que los 40 millones de ficha oficial que se pagan a N&N, la sociedad del padre de Neymar, se abonan en 2013 en concepto de “cláusula de penalización” por incumplimiento de un precontrato de 2011. Y que los 10 millones que el Barça da como “préstamo” a la sociedad N&N ese mismo año son en realidad una señal para garantizarse el codiciado contrato.

En su resolución, de 10 páginas, el juez Ruz considera “verosímil” la relación de hechos contenidos en la querella y pide a la FIFA que le remita toda la documentación del fichaje de Neymar por el Barça, incluida la relativa a transferencias económicas. También reclama al jugador que le envíe el contrato que firmó con la sociedad N&N —encabezada por su padre— en el que le cedía los derechos económicos una vez que terminara su contrato con el Santos, su club de procedencia.

El fichaje se realizó en junio de 2013, cuando al delantero aún le quedaba un año de contrato con su antiguo equipo. Ruz pide auxilio a las autoridades judiciales brasileñas para que le remitan el contrato de Neymar con el Santos y “toda la documentación” relacionada con el traspaso del jugador.

Todas estas actuaciones habían sido solicitadas al juez por el fiscal del caso, José Perals, el pasado 10 de enero. El día 14, el querellante Cases amplió su denuncia a otros contratos asociados al fichaje de Neymar pero que el Barça no había enviado al juez en diciembre. Uno de ellos tiene que ver con el pago de 7,9 millones de euros por derechos de tanteo de tres jugadores juveniles del Santos y el otro sustenta el abono de nueve millones por jugar dos partidos amistosos con el club de procedencia de Neymar. De estos nueve millones, la mitad es para que el Santos juegue el trofeo Gamper y la otra mitad es por un partido del Barça en Brasil. El juez ha reclamado a la entidad azulgrana que le envíe también estos contratos.

El magistrado instructor considera que mientras no examine toda la documentación no resulta “urgente ni necesario” citar “en condición de imputado” al presidente azulgrana. Rosell pidió el pasado martes al juez Ruz en conferencia de prensa que admitiera la querella y le citara a declarar “cuanto antes”. Ayer, sin embargo, fuentes del club informaron de que hoy mismo Rosell recurrirá ante el propio magistrado para que se inhiba en favor de la Audiencia de Barcelona al considerar que los contratos en los que se basa la querella fueron firmados en la capital catalana.

Respecto a la supuesta confidencialidad de los contratos con Neymar que el Barça alegó para no ponerlos a disposición de los socios, el club insiste en que “todos los acuerdos firmados” con el jugador tienen cláusula de confidencialidad porque el primero lo tenía y eso afecta a los demás aunque no se mencione expresamente.

El presidente azulgrana quiere ahora que el magistrado se inhiba en la Audiencia de Barcelona

El juez Ruz rechaza que el club catalán se presente como acusación particular, como había solicitado la semana pasada. El Barça pretendía presentarse como “presunto perjudicado” con el objetivo declarado de “poner de manifiesto la inexistencia de perjuicio alguno por los hechos descritos en la querella” de Cases y reclamar que la denuncia no se admitiera a trámite. Para Ruz, presentarse como acusador perjudicado para instar el archivo de la causa porque no existe perjuicio no tiene encaje en la ley: según él, la pretensión del Barça “en absoluto se corresponde con la propia de la parte activa del proceso, que sería la que insta a una condena contra un sujeto por considerarlo responsable de un hecho punible”.

El tipo jurídico por el que Cases se ha querellado contra Rosell, puede dar lugar a interpretaciones equívocas. El mismo artículo 252 del Código Penal contempla dos posibilidades de apropiación indebida. La primera es la clásica, en la que el reo incorpora a su patrimonio bienes ajenos. La segunda, que afecta a Rosell, sin perjuicio de que la investigación ponga de relieve otros delitos, es la “distracción”, o administración desleal. Esta se da cuando una entidad sufre un perjuicio en su patrimonio sin que quede probado que el dinero ha ido a parar a manos del administrador.

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