Fuentes juega a las impugnaciones

El único informe pericial sobre el peligro de las transfusiones de sangre aportado a la Operación Puerto con rango de verdad absoluta (así citó la fiscal al Tribunal Constitucional, y recordó que este informe fue fundamental hace años para que la Audiencia Provincial reabriera el caso dos veces archivado por el juez instructor) fue elaborado por una perito del Instituto Nacional de Toxicología que no es hematóloga y que se basó, entre otras fuentes, en una tribuna publicada en EL PAÍS en 1985 firmada por José María Odriozola, entonces atleta, directivo de la federación y catedrático de bioquímica.

Este, a su vez, sabía de qué hablaba porque se lo había contado un hermano suyo, hematólogo y compañero de trabajo entonces de Eufemiano Fuentes en la clínica Ruber de Madrid.

Así que no sería extraño que de aquel compañero tan sabio, del hermano de un dirigente de la federación que le tenía empleado, extrajera el mismo Fuentes ya en los años 80 parte de su conocimiento sobre el aumento del rendimiento en los deportes de resistencia mediante autotransfusiones de sangre.

Las defensas intentan invalidar el principal informe pericial sobre las autotransfusiones

Tanto le gustó lo que oía que Fuentes invitó al hermano del futuro presidente de la federación española de atletismo a asociarse con él para establecer un banco de sangre. Aquel declinó la invitación y fue años después, y con otro hematólogo como socio, José Luis Merino Batres (“hice el tonto”, declaró este al ser detenido al juez, “solo sacaba dos millones anuales por hacer algo inmoral e ilegal, pero tenía mucho cuidado con la salud de los ciclistas”), cuando Fuentes construiría su negocio de congelación de sangre ahora juzgado. Con él lograron “sablear” (así se le oyó definir su actividad en una escucha) a los deportistas; con él se hizo rico y, por él, ahora, por su presunto carácter delictivo, puede acabar en la cárcel.

Oyendo este laberíntico relato de un bucle mortífero, uno de los muchos que se dejaron caer ayer por la bizantina sesión de juicio, uno se imagina al principal acusado, el mismo Fuentes, tejiendo laboriosa, paciente y alegremente una soga hermosa para colgarse a la vista de todos.

Esta soga (el informe Odriozola que le puede condenar) intentó impugnarla su abogado presentando como prueba varios recortes de EL PAÍS, pero la jueza no los admitió, por extemporáneos, por atentar contra la igualdad de armas, al derecho a la defensa de las acusaciones. Al menos consiguió la defensa del médico canario, o a eso aspiraba, que la jueza se cuestionara la validez del informe pericial tan importante y tan mal defendido por su autora durante el juicio.

Y de eso fue la sesión, de cómo todas las partes (diez abogados, nada menos, tres por las defensas, siete por las acusaciones) intentaron impresionar con sus intervenciones la conciencia íntima de la jueza, las convicciones de las que emanará la sentencia. Para un observador novato, uno a quien estos arcanos de la justica le suenan a chino, la sesión no fue sino un laberinto de discusiones bizantinas (si hasta una de las abogadas, la de la AMA, se perdió, o se hizo la perdida e ironizó a la jueza: “señoría, ya no sé dónde estamos”, y la fiscal calificó el día de “anómalo”), pero para la jueza, quien con propiedad se presentó como “esta juzgadora”, no se hizo sino practicar los sanos principios de la “oralidad y la contradicción”.

La jueza no admite como prueba de plagio una tribuna de Odriozola en EL PAÍS

Se discutió por el informe Odriozola y también por la fecha de conclusión de las escuchas y por la temporaneidad o extemporaneidad del acta de detención y registro de Ignacio Labarta en Zaragoza, aportado a los autos siete años después de practicarse. Se consumieron horas de palabras hasta que la jueza zanjó y se pasó a lo más esperado, las conclusiones. Súbitamente se hizo la luz. Se comprendió que el juicio finalmente, citando a la jueza, “sigue un íter” que, después de mes y medio de plenario, y a falta de cuatro sesiones, debería llegar a alguna parte.

En una muestra más del principio de contradicción, después de tantas horas de juicio y sesiones, para la fiscal, la abogada del Estado, y las representaciones del CONI, la AMA, la UCI, Manzano y de la federación, la conclusión lógica debería ser la misma que ya prefijaron hace dos años, cuando elaboraron sus escritos de acusaciones, transformados ya en conclusiones definitivas.

Cinco de las acusaciones, encabezadas por la fiscal, piden condenas de dos años por un delito contra la salud pública; otras dos, la abogacía del Estado y la UCI, que aprecian agravante de precio, dos años y medio. La fiscal pide que se condene solo a cuatro de los cinco acusados: Eufemiano Fuentes, su hermana Yolanda, Ignacio Labarta y Manolo Saiz, salvando a Vicente Belda. La acusación de Manzano, por su parte, salva a Saiz pero incluye a Belda, y el resto pide la condena y la cárcel para los cinco (aunque la federación solo pide un año y un día para Yolanda, Belda y Saiz). Y todos para todos, las inhabilitaciones profesionales correspondientes.

Las defensas pedirán sus absoluciones el viernes. Y en los días que quedan, todos explicarán a la juzgadora, a la que querrán impresionar, por qué piden lo que piden.