Luz verde a la nueva ley

El 18 de marzo, lunes, cuando sir Craig Reedie al frente de la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) comience a examinar in situ la candidatura de Madrid a los Juegos de 2020, encontrará bien cubierto el frente antidopaje español, uno de los flancos débiles del fracaso del último intento, Madrid 2016.

Hallará el vicepresidente británico del COI que el juicio de la Operación Puerto marcha serio y a buen ritmo en un juzgado penal de la capital; que el laboratorio antidopaje, sancionado tres meses en diciembre por el error en un control, fue reabierto al mes y medio, tan bien y eficientemente habían sus dirigentes subsanado el problema, y también descubrirá que en el Congreso de los Diputados se habrá empezado a debatir sobre una nueva ley orgánica antidopaje que, inspirada en parte por los juristas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), adaptará la legislación española al Código Mundial Antidopaje.

Según fuentes cercanas al ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que ayer recibió el dictamen preceptivo del Consejo de Estado sobre el anteproyecto, este pasará por el Consejo de Ministros probablemente el viernes 1 de marzo, desde donde partirá hacia el parlamento.

De salida ya llegará ligeramente modificada respecto al anteproyecto que examinaron los letrados del Consejo del Estado, quienes en el informe, que obra en poder de los juristas del Consejo Superior de Deportes (CSD), han señalado algunos puntos que consideran mal resueltos.

El punto más conflictivo es el que regula los recursos de los deportistas al TAS

Por un lado, se acepta que en la franja horaria entre las 23 y las seis de la mañana se puedan realizar controles antidopaje solamente por razones excepcionales y siempre que se respeten los derechos fundamentales de los deportistas, como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. Sin embargo, el dictamen considera mal resuelto, incluso de imposible resolución, el conflicto entre la competencia de los tribunales civiles, estatales, y los deportivos, privados. Se refiere a que según el proyecto de la nueva ley, que sustituirá a la aprobada en 2006, durante el mandato de Jaime Lissavetzky en el CSD, los deportistas internacionales sancionados por instancias internacionales deben renunciar a su derecho a recurrir a un tribunal de lo contencioso-administrativo para hacerlo solamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Se señala en el dictamen, sin citar explícitamente al TAS, que a ningún ciudadano español se le puede obligar a solucionar su contencioso mediante arbitraje, sea este público o privado, una idea recogida en el Código Mundial y de influencia anglosajona.

Según fuentes ministeriales, en este punto el Consejo de Estado se ha visto influenciado por la sentencia Heras de diciembre pasado en la que el Supremo anulaba la sanción que le quitaba la Vuelta 2005 al bejarano, porque el Comité Español de Disciplina Deportiva no admitió su recurso a la resolución de la federación española. Una sentencia discutible, según estas fuentes, pues no entiende que en ese caso, la española actuó sencillamente en nombre de la internacional. Según el dictamen deberán seguir conviviendo en paralelo ambas posibilidades de recurso.

Se aceptan los controles nocturnos, de 11 a 6, en casos excepcionales

Otros aspectos que el Consejo de Estado cree que deberían aclararse son la tipificación de las faltas y sus sanciones, agravantes y atenuantes, así como los poderes y el papel del director de la agencia antidopaje que se crea en la ley en relación con las autoridades judiciales.

Así mismo, recomienda cambios en la terminología y en la estructura del artículo por el que se regula la posibilidad de que el juez de un proceso penal entregue las pruebas a las autoridades deportivas las pruebas para un expediente administrativo. En este sentido, las objeciones del Consejo de Estado son mucho más leves que las que opusieron en sus dictámenes el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

De todas formas, recuerdan en el CSD, el anteproyecto recibe una luz verde del Consejo de Estado que no obtuvo el anterior intento, el de 2011, abandonado cuando el PSOE perdió las elecciones.