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Por la autopista en sentido contrario

El ‘centro de transfusiones’ de Fuentes chocaba con toda la legislación sanitaria

Eufemiano Fuentes, en los Juzgados. Ampliar foto
Eufemiano Fuentes, en los Juzgados. EFE

El día, brotes de primavera en la calle sucia, comenzó ontológico.

 —¿Qué es la sangre?, le pregunta la fiscal a un perito de la Agencia Española del Medicamento (AEM).

—La sangre es la sangre, y es una, responde el experto.

Es una respuesta perfecta, pero la fiscal quiere algo más. “¿Pero es la sangre un medicamento?”, insiste la fiscal, amante de machacar incansable en frío el hierro. Se juzga por un delito contra la salud pública a Eufemiano Fuentes, quien puso en marcha un centro propio, privado, secreto y escasamente altruista, de transfusiones de sangre, y a sus presuntos colaboradores, y es necesario atar todos los cabos, cerrar vías de escape a las defensas. “La sangre es la sangre”, repite el farmacólogo, y lo explica: “Otra cosa es quien la regula. Si la regulara la ley del Medicamento, como ocurre en otros países, sería un medicamento, pero como la regula directamente la ley de salud pública, pues no lo es”.

El destino de Fuentes, su condena, consiste principalmente en contemplar en silencio, sin posibilidad de intervenir, cómo su pasado le visita sin clemencia. Ese pasado tuvo hasta ahora la cara de sus clientes/pacientes. Ayer cobró la forma de la legislación vigente, que tampoco tuvo una mirada clemente hacia las actividades de quien ya podría ser considerado, con todos los honores, el mago del dopaje.

Horas más tarde cerró el argumento, y lo amplió, Manuel Oñorbe, que era director general de Salud Pública en 2006, cuando tuvo lugar la Operación Puerto. Las defensas, que se habían frotado las manos oyendo aquello de que la sangre no es un medicamento (una interpretación del código penal entiende que no hay delito contra la salud si no andan medicamentos por medio), declinaron interrogarle por considerar que no había elaborado el informe sobre el que se debatía. Y, silenciosas, como los acusados, le oyeron a Oñorbe primero manifestar que si la sangre no es un medicamento en España es precisamente porque la legislación, adoptada en 2005, en una etapa convulsa en la historia de la hemovigilancia (el escándalo reciente de la sangre contaminada por VIH usada en Francia para transfusiones), quería proteger lo más posible “el sistema transfusional español, de alta calidad” y altruista (dos millones de unidades de sangre, casi un millón de litros, transfundidas en 2012. Este sistema es, precisamente, lo que pone en peligro actividades como la de Fuentes. “Es un tema de salud colectiva, no individual”, dijo. “El problema es lo que sufrirá el sistema transfusional si se permite que lo rompan negocios como el presente”. Luego, ante la prensa, Oñorbe lo sintetizó: “Es de cajón que su centro de transfusiones era un peligro para la salud. Es como un conductor por la autopista en sentido contrario”.

A quien le fue bien la confrontación con la legislación vigente fue a Manolo Saiz, que demostró que la propia AEM había autorizado Synacthene en el botiquín de su equipo. Este medicamento, en la lista antidopaje e importada de Alemania ilegalmente por Fuentes, fue precisamente el cuerpo del delito en la detención del director.

 

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