Honor sí, dinero no

La larga batalla que mantienen la exseleccionadora de sincronizada, Anna Tarrés, y el presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, La larga batalla que mantienen la exseleccionadora de sincronizada, Anna Tarrés, y el presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, ya tiene su primera sentencia. El juzgado de lo Social número 2 de Terrasa (Barcelona) ha estimado la demanda de Tarrés solo en parte: repone a la entrenadora en su cargo hasta el final de su contrato (el 31 de diciembre), pero rechaza que haya sufrido acoso alguno o que la federación haya tenido algo que ver con una carta en la que  15 nadadoras retiradas la acusaban de malos tratos y vejaciones  en los entrenamientos. Es decir, que Tarrés, despedida tras los Juegos Olímpicos de Londres, cobrará su sueldo hasta fin de año, pero no las indemnizaciones que reclamaba (309.010 euros por daños y perjuicios materiales y 50.000 por daños morales). La entrenadora recurrirá contra la sentencia, del 20 de noviembre, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tarrés cobrará como seleccionadora hasta el fin de su contrato, pero no ejercerá como tal

El conflicto estalló el 6 de septiembre, cuando Carpena comunicó por teléfono a Tarrés su intención de dar por finalizado el contrato de la seleccionadora un mes después de que el equipo de sincronizada lograra dos medallas en Londres. Un par de semanas después se hizo pública la carta de las nadadoras. Tarrés considera que el escrito salió del entorno de Carpena, pero el juez no lo considera probado. Carpena se mostró ayer “supersatisfecho” con la sentencia: “ha quedado demostrado que yo no he urdido ningún montaje en contra de Tarrés”. A pesar de ello, la federación estudia también recurrir.

Tarrés, que era seleccionadora desde 1997, solo ha realizado tres informes para la Federación desde que se anunció que sería destituida. El juez considera probado que se ha vaciado su cargo de las funciones que le son propias (entrenar al equipo, elegir a sus componentes...) lo que constituye una “vulneración del derecho al honor de la demandante por afectar a su prestigio profesional”. Por eso obliga a “reponer a doña Anna Tarrés en las funciones de seleccionadora”, aunque la “exonera de prestar servicios efectivos a la federación”, tal y como habían acordado las partes.

El juez no estima que la entrenadora haya sufrido una campaña de acoso por parte de la federación

“Si quisiera volver a ocupar el cargo, podría”, explica el abogado de Tarrés, Jorge García, “pero no querrá”. “Estamos contentos con la sentencia porque queda acreditado que se ha violado el derecho fundamental al honor de Anna Tarrés, aunque discrepamos en lo relativo a la indemnización”, añade.

El juez no considera probado que Tarrés haya sufrido una campaña de acoso por parte de la federación. Esto, según la entrenadora, se refleja en una bajada de sueldo, en el hecho de no haber cobrado aún los 65.000 euros de premios por resultados en 2012 y en la difusión de algunos rumores que perjudicaban su imagen (como que se apropió de dinero de las chicas o que ocultó un positivo por dopaje), entre otras cuestiones. “Ninguno de tales hechos puede reputarse ocurrido como tal”, dice la sentencia, que constata que la reducción salarial fue pactada con los representantes de los trabajadores de la federación. Además del recurso, que podría resolverse en un plazo aproximado de un año, Tarrés tiene pendientes dos demandas contra la Federación. Una relativa a los 65.000 euros por resultados y otra de unos 20.000 por la bajada de sueldo. En enero presentará también una demanda por despido. El conflicto sigue abierto.