La nueva Ley del Cine no encuentra fecha de estreno

De la nueva Ley del Cine se sabe prácticamente todo: el nombre, las intenciones, las principales medidas, el contenido del articulado. Y, sin embargo, no hay forma de responder a la pregunta que más importa al sector: su fecha de estreno. Se quedó a un paso de la meta, en 2023, debido al adelanto electoral. Volvió a salir con un texto idéntico del Consejo de Ministros el pasado junio,...

De la nueva Ley del Cine se sabe prácticamente todo: el nombre, las intenciones, las principales medidas, el contenido del articulado. Y, sin embargo, no hay forma de responder a la pregunta que más importa al sector: su fecha de estreno. Se quedó a un paso de la meta, en 2023, debido al adelanto electoral. Volvió a salir con un texto idéntico del Consejo de Ministros el pasado junio, justamente para acelerar su aprobación en el Congreso, donde se tramitó por la vía de urgencia. El Ministerio de Cultura pretendía que saliera adelante en 2024, y su entrada en vigor figura también entre las promesas realizadas por parte del Gobierno a la Unión Europea para recibir un nuevo tramo de fondos, por más de 3.000 millones de euros.

Sin embargo, la normativa se encuentra en plazo de enmiendas en la Comisión de Cultura al menos hasta hoy 12 de febrero, cuatro días después de la gala de los Goya, donde el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, exigió su aprobación a los políticos presentes, incluidos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas, entre política e industria cinematográfica, miran al verano, o incluso el otoño, como horizonte temporal más optimista. Y solo como estimación. La realidad se resume en una confesión que se repite: “No lo sé”. De fondo, además, surge otro ruido desde la producción audiovisual: por lo menos, podía aprovecharse tanto retraso para mejorar los aspectos que no contentan a muchos.

“Es un texto consensuado con el sector y con los grupos políticos, que se aprobó igual que el que ya estaba pactado. Nos hubiera gustado que saliera adelante el año pasado. Era nuestra intención. Y creíamos que podría ir rápido, por el acuerdo previo. Es una ley importante y necesaria, de ahí que esperemos que esté en 2025, más pronto que tarde, entre otras cosas porque la actual lleva en vigor muchos años”, apunta una fuente del Ministerio de Cultura. Desde 2007, en concreto, cuando Netflix aún se dedicaba a alquilar DVD, entre otras cosas. “La brecha entre la acción de la Administración y del sector se ha agrandado”, reconoció Urtasun, en junio de 2024, cuando el Gobierno volvió a lanzar el anteproyecto de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual. Ahora se ha acumulado otro medio año de distancia. Y lo que queda.

Protección del patrimonio fílmico y de la producción independiente, inclusión de las series en el texto y en las ayudas, fomento de transparencia, diversidad e igualdad aparecen entre las prioridades de la ley. Plataformas como Netflix o Disney+ estarán obligadas a compartir públicamente sus datos de audiencia y visionados, que ahora mantienen celosamente ocultos. Además, no podrán recibir ayudas “las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual”. Aunque cabe la posibilidad de que las compren y las incorporen a su catálogo, algo muy habitual, que genera dudas sobre la eficacia de la medida. La Filmoteca Española, además, recibirá la protección de BIC (Bien de Interés Cultural) para garantizar el cuidado del patrimonio audiovisual que conserva. Y se establece que al menos un 35% de las ayudas a la producción vaya destinado a filmes dirigidos por mujeres, como ya sucede en la práctica. Todo, eso sí, cuando la normativa se apruebe. Y salvo enmiendas y cambios que aparezcan por el camino.

Y ahí entran las quejas de los productores: cuando llegó Urtasun al Ministerio, pactó sacar la ley corriendo tal y como estaba. Ha pasado un año y tres meses. “Nos hubiera dado tiempo a hacer un texto legislativo bien redactado y consensuado, que fue otro ofrecimiento que nos hizo el ministro. Todos pensamos que con el borrador que ya teníamos en plena tramitación, ¿para qué reiniciar el proceso? Por desgracia, hoy seguimos igual”, explica Jordi Bosch, presidente de PATE Productores Audiovisuales, asociación que agrupa a compañías de series, cine y de entretenimiento. “Además el panorama internacional ha cambiado y alguna parte ha quedado vieja”, subraya Bosch, algo en lo que coincide María Luisa Gutiérrez, que preside AECine, que agrupa a las productoras independientes de cine y que el sábado ganó el Goya a mejor película como productora de La infiltrada.

Gutiérrez señala otro choque que ya asoma en el nombre: Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. “Está lejos de ser un texto de consenso; no contenta a los productores, no contenta los distribuidores, ni a los exhibidores, ni a las televisiones... A nadie. Quizás esta ley ha intentado abarcar demasiadas cosas y legislar cine y comunicación audiovisual te lleva a romper el statu quo. En el fondo, el modelo de negocio del cine es uno y lleva siendo así más de un siglo, y el de las series es otro muy distinto”.

El frágil equilibrio parlamentario, que obliga al Gobierno a negociar hasta el último voto, ha ralentizado el proyecto. Y todavía va detrás de otras leyes. “La aritmética actual del Congreso complica algunos procedimientos”, apunta la fuente del Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. “En esta legislatura hace falta ir con más cuidado, para no encontrarnos embarrancados”, agrega Marc Lamuà Estañol, portavoz del PSOE —el partido principal de la alianza de gobierno— en la Comisión de Cultura del Congreso. El voto a favor de una ley puede ser divisa de cambio para garantizarse el apoyo a otra normativa; cada uno lucha por sus prioridades y los números otorgan poder de veto a cualquier formación. Pero, más allá de intrigas y negociaciones, tanto el socialista como María Soledad Cruz Guzmán García, portavoz en el mismo organismo para el PP, líder de la oposición, se remiten a un hecho: “Ni siquiera se ha planteado aún el debate de las enmiendas a la totalidad”.

Es decir, en la jerga parlamentaria, la casilla de salida, a la que seguirían enmiendas sobre el articulado y unas cuantas etapas más hasta salir aprobada del Congreso, buscar lo mismo en el Senado y regresar para el visto bueno definitivo. Ambos coinciden, además, en que la pista de despegue está actualmente ocupada por el otro proyecto de ley que impulsa Cultura: la creación de una Oficina de Derechos de Autor. Y ahí también faltan unos cuantos pasos.

En las enmiendas es donde los productores esperan retocar el texto. “Todos estamos por arrimar el hombro para sacarla adelante, pero con unos mínimos que nos garanticen que podemos seguir trabajando en igualdad de condiciones”, apunta Gutiérrez, que señala un tema en especial: “Si seguimos atascados, habrá que afrontar los incentivos fiscales en otros textos, porque no pueden esperar”.

Bosch ahonda en los incentivos fiscales: “Con el primer Gobierno de Sánchez, se promovió muy bien la llegada de operadores y plataformas. Tres años después se ha multiplicado la competencia desde muchos otros países. España ha perdido fuerza. Por suerte, nos hemos encontrado con un ministro de transformación digital como Óscar López, de quien depende también parte de algunos temas de la ley por la faceta de telecomunicaciones, que quiere negociar y que entiende que los dos departamentos han de trabajar juntos”.

“La Comisión de Cultura está muerta. No nos reunimos, no debatimos. Pedimos que se convoque [la presidencia es de Sumar]. Esta es una ley que debe tener debate”, lamenta la portavoz popular. Preguntada por alguna objeción sobre el contenido, evita aclararlo: “Eso tendremos que hablarlo antes internamente”. Lamuà tampoco cree que el problema esté en el fondo de la ley: “Cualquier cuestión específica no me consta. Es una ley grande. Tiene que estar muy bien armada. Veníamos de un trabajo muy hecho”.

El texto elaborado en 2022 y mantenido ahora también suscita más dudas: incluye la creación de un Consejo Estatal de Cinematografía y la Cultura Audiovisual, un organismo autónomo pero consultivo, cuyo poder y alcance real representa una incógnita; el ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) deberá elaborar y publicar cada cierto tiempo un plan estratégico del que se conocerán más adelante los detalles. La calificación de los filmes por edades pasa de las manos del propio ICAA a un sistema de corregulación con las distribuidoras. Y la clarificación de qué es un productor independiente de cine, algo que provoca sarpullidos en el sector, y que ya provocó enconados debates cuando se aprobó la Ley General de Comunicación Audiovisual que transponía la directiva europea.

Lamuà repite el aviso que lanzó en una reciente intervención en el Congreso: “La Comisión de Cultura había sido un lugar donde orgullosamente todos intentábamos trabajar para que hubiera un espacio de respeto, consenso e interacción más civilizada que a nuestro alrededor, que permitía grandes acuerdos, empezando por el Estatuto del Artista. En los últimos tiempos eso ha sufrido porque algunos grupos del arco parlamentario prefieren buscar el enfrentamiento con formaciones de pensamiento muy opuesto y estamos perdiendo capacidad de grandes acuerdos”. He aquí otro obstáculo en la senda de la Ley del Cine: la polarización. Desde la industria avisan: las políticas de Trump resuenan en algunos gobiernos europeos, que ya están socavando la excepción cultural europea, protectora del cine continental, en especial el de autor. Ese ruido asusta. El sector cruza los dedos para que el proyecto resista y salga adelante este año. Aunque sea tras esta larga secuencia a cámara lenta.