Cómo reprogramar RTVE

Un director, Ignacio Corrales, destituido en junio del año pasado. Una deuda de 716 millones de euros, colosal hemorragia que se intenta contener con 130 millones que salen del bolsillo del contribuyente. La amenaza de disolución del Consejo de Administración por las catastróficas cuentas. Un grupo de profesionales, el Consejo de Informativos, que denuncia manipulación en julio. Una dimisión del presidente, Leopoldo González-Echenique, en septiembre. Unas cuotas de audiencia del 10 %, menos de la mitad de lo que se registraba hace diez años (23 %). En diciembre, una defensora del espectador, Carmen Sastre, que transmite la queja de que personas como Isabel Pantoja y Ortega Cano salen demasiado en antena. Profesionales que denuncian una caza de brujas, en enero, dudas sobre qué modelo implantar, acusaciones a principios de mes de la creación de una redacción paralela de cara a unas elecciones cruciales por parte del nuevo director de informativos, José Antonio Álvarez Agudín. ¿Qué organización es capaz de aguantar semejante baile?

El problema de una televisión pública es que no desempeñe el papel que se le supone a una televisión pública. Así de evidente, sí, y así de sencillo. Se supone que la televisión pública debe ayudar a construir democracia. Debe garantizar acceso a una información equilibrada y de calidad. No debe resultar excesivamente onerosa para el bolsillo de los ciudadanos. Si no es un elemento vertebrador de una sociedad, si acaba siendo un instrumento al servicio del partido de turno, sea este el que sea, despierta las protestas, y los debates.

“Una televisión pública funciona si no genera polémica y los ciudadanos entienden que es un servicio público como lo son los hospitales, las carreteras, o la educación”. Así se pronuncia Alfonso Sánchez-Tabernero, catedrático de Empresa Informativa y rector de la Universidad de Navarra. Si este mismo debate se produjera en el Reino Unido, dice el rector, que vivió por temporadas en este país, no habría tantas dudas.

“Hemos creado un monstruo excesivamente grande para el servicio que da, esa es la trampa de elefantes en la que hemos caído”, manifiesta Lalo Azcona, expresentador del telediario en los años de la Transición. “En el resto de Europa las televisiones públicas no son un desastre económico; por eso no se crea un debate sobre su existencia”.

La compleja situación económica de la corporación comandada por José Antonio Sánchez, director que tomó posesión el pasado mes de octubre, obedece, en gran parte, a un doble hachazo en sus ingresos. El primero se produjo en el verano de 2009, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió la publicidad en televisión: 450 millones de euros al año menos. Se pactó que las privadas contribuyeran a la financiación del ente público como compensación por hacerse con todo ese pastel publicitario; pero su contribución ha ido menguando, año a año. El segundo hachazo fue la reducción de la subvención pública en un 30 % de 2010 a 2013, en el marco de los recortes presupuestarios de la era austera inaugurada en tiempos de crisis. La doble jugada dejó a la corporación en los huesos.

¿Cómo se soluciona el entuerto? El Partido Popular llevó en noviembre pasado al Congreso una propuesta para rescatar la publicidad, pero la cuestión está en el aire. Reinstaurar la publicidad resulta impopular. Pero encontrar un modelo estable de financiación es urgente para cortar la sangría: en los últimos tres años el desfase presupuestario fue de 112, 113 y 132 millones de euros (para los años 2012, 2013 y 2014).

En los últimos tres años el desfase presupuestario fue de 112, 113 y 132 millones de euros (para 2012, 2013 y 2014)

La implantación de un canon, que el consumidor pagaría al comprar un televisor, como ocurre el Reino Unido —aunque está siendo cuestionado en los últimos tiempos— , sería una posibilidad. “Pero aquí nunca se han atrevido a hacerlo”, señala Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que defiende un modelo mixto que recurriera a dinero público, publicidad y canon.

Emili Prado, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, descarta el canon en una era en la que se accede a la televisión por múltiples dispositivos y apunta que se debería explorar la fórmula de los peajes. Pagar por contenidos (como partidos de fútbol), o por el acceso a servicios (como el archivo, por ejemplo). “Pero no para hacer negocio”, puntualiza, “sino como algo subsidiario”.

El otro gran problema es el de la instrumentalización de un servicio público para ganar elecciones. “Desde el franquismo, y también en la Transición, ha sido utilizada por el partido en el poder”, afirma Agustín García Matilla, catedrático en la Universidad de Valladolid. En esta cuestión, la etapa más esperanzadora fue el periodo del último Gobierno socialista, en el que el presidente de la corporación se elegía por consenso, en virtud de la necesidad del voto de dos tercios de la Cámara para aprobar su nombramiento. Fue un paréntesis en la historia del ente público en el que parecía que, por fin, la televisión española se aproximaría a la referencia de siempre, la BBC. Pero la contrarreforma del Partido Popular en 2012, implantando de nuevo la elección del candidato por mayoría simple, reabrió la puerta a la televisión de partido.

Los críticos piden que se reimplante la mayoría de dos tercios de la cámara para elegir al presidente y un Consejo despolitizado

El desembarco de José Antonio Sánchez para ponerse al frente de RTVE tampoco contribuyó a sembrar esperanza. Procedente de Telemadrid, donde su gestión obtuvo críticas por el dirigismo informativo, fue director general en la etapa en que RTVE fue condenada por la Audiencia Nacional por no informar con objetividad sobre la huelga general de 2002 —aquel célebre “cé cé o o” leído al final de un Telediario—. “Es fundamental que haya una independencia editorial”, reclama Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Comité de Sabios que entre 2004 y 2006 intentó reformar la televisión pública. Reimplantar la mayoría de dos tercios de la cámara para elegir al presidente, sostiene, es clave.

El grupo de estudios Teledetodos, formado por profesionales y académicos de la comunicación, reclama también la formación de un consejo de administración que sea reflejo del pluralismo social; un órgano reducido, con competencias de dirección estratégica y control.

"El consejo de administración funciona como una comisión de control parlamentario bis, debería tener un perfil profesional", afirma Alejandro Perales, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

Países como Francia o Reino Unido cuentan con una autoridad independiente, de prestigio, desvinculada del poder político, que supervisa que la televisión pública cumpla con objetivos de servicio público y como garantes del pluralismo. Esta figura aparecía en la reforma de 2006 del Comité de Sabios, pero no se llegó ejecutar. Los catedráticos de la UAB Emili Prado y Miquel de Moragas defienden en su trabajo Repensar la televisión pública en el contexto digital un Consejo despolitizado formado por expertos procedentes del modelo audiovisual y por "intérpretes sociales" que aporten el punto de vista de los distintos grupos sociales. El órgano de control actual, está subsumido dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia y desempeña un papel muy limitado, dicen sus críticos.

“Además, la comisión de control parlamentario actual solo se ocupa de ver si un partido ha salido cinco minutos más en televisión que otro”, declara Prado, “nunca ha habido un auténtico control parlamentario independiente de fondo”.

El modelo también está en cuestión. "Es muy peligroso que los directivos de la televisión pública sientan que su éxito o su fracaso se mide únicamente por la audiencia", dice Álex Martínez Roig, director general de contenidos de Canal Plus. Sánchez-Tabernero invoca el modelo sueco, con una programación que complementa la de las cadenas privadas; donde, por ejemplo, la televisión pública no compite por los derechos deportivos. Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación de la Universidad de Valladolid, recuerda que es fundamental una vinculación de la televisión con el sistema educativo, como en la BBC.

La situación actual también reaviva ecos que demandan la privatización. "De ese modo no habría despilfarro, ni comisarios políticos", señala Carlos Rodríguez Braun, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid. “Pero mientras no sea políticamente rentable, jamás se va a privatizar”.

Al final, el debate sobre la televisión pública depende de qué televisión pública se tenga. “En Europa”, sostiene Emili Prado, “es un instrumento que funciona y es apreciado”. Considera que con la digitalización, una televisión independiente del poder político es más necesaria que nunca. Si la gente recibe la información solo a través de su círculo de redes sociales, acaba teniendo una visión muy parcial de la realidad. “Es fundamental para construir un repertorio de contenidos que compartamos como país”.