Errores mortales en la gestión de las migraciones climáticas

En julio de 2018, el Asso 28, un barco de suministro de petróleo italiano que cruzaba el Mediterráneo, se encontró con una balsa de goma que llevaba un centenar de migrantes desesperados. En su intento de realizar el peligroso viaje desde Libia hasta Europa, los migrantes habían llegado a aguas internacionales cuando el buque los rescató, y su capitán optó por llevarlos no a un puerto seguro en Europa, como requiere la legislación, sino de vuelta a un gulag de centros de detención de migrantes en Libia, donde Naciones Unidas y otras entidades han documentado torturas sistemáticas, violaciones, extorsiones, trabajo forzado y muertes.

En octubre de este año, el capitán de ese barco de suministro, Giuseppe Sotgiu, pagó un alto precio por aquella decisión: un juez italiano lo sentenció a un año de prisión por incumplir la regulación humanitaria.

La dolorosa ironía de esta condena es que Sotgiu se dirige a la cárcel por lo que los funcionarios de la UE han estado haciendo a una escala mucho mayor durante varios años: empujar a los migrantes a un lugar de violaciones extremas de los derechos humanos.

Desde al menos 2017, la UE, con Italia a la cabeza, ha entrenado y equipado a la Guardia Costera Libia para que sirva de fuerza marítima delegada, cuyo objetivo central es impedir que los migrantes lleguen a las costas europeas. La Guardia Costera libia es altamente efectiva en su misión gracias a la inteligencia aérea que aporta la agencia de fronteras de la UE, Frontex.

Mediante drones y aviones que sobrevuelan el Mediterráneo, Frontex localiza balsas de migrantes y alerta a los italianos, quienes a su vez informan a las autoridades libias. Una vez capturados por la Guardia Costera libia, decenas de miles de estos migrantes son enviados a una docena de centros de detención gestionados por milicias.

En los últimos cinco años, cientos de miles de migrantes han intentado cruzar el Mediterráneo, lo que pone en un aprieto a un número creciente de capitanes de barcos mercantes. Los capitanes que, a diferencia de Sotgiu, se atienen al derecho humanitario y deciden traer a los migrantes a Europa se enfrentan a veces a graves consecuencias.

En agosto de 2020, por ejemplo, la tripulación de un petrolero de bandera danesa llamado Maersk Etienne rescató a 27 migrantes, entre ellos una mujer embarazada y un niño, a petición de las autoridades maltesas. Malta denegó entonces la entrada del buque Maersk a su puerto para descargar a los migrantes, lo que dio lugar a un largo y costoso enfrentamiento que sólo terminó cuando los migrantes fueron entregados a una ONG humanitaria. En un gesto de agradecimiento, Maersk hizo más tarde una donación a esa organización, lo que llevó a los fiscales italianos a amenazar a Maersk con un juicio por presunta violación de las leyes contra el tráfico de personas.

Pero la mayoría de los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo nunca llegan a los buques mercantes porque son capturados por la Guardia Costera libia. A pesar de que habitualmente abra fuego contra las balsas de migrantes, que haya estado vinculada al tráfico de personas y a los asesinatos, y que ahora esté dirigida por milicias, la Guardia Costera libia sigue contando con un fuerte apoyo de la UE. Este otoño, la UE entregó cuatro nuevas lanchas rápidas a esta fuerza para que pudiera capturar más eficazmente a los migrantes y enviarlos a los mismos centros de detención que la ONU ha descrito como implicados en crímenes contra la humanidad patrocinados por el Estado.

La marea puede estar cambiando. La condena de Sotgiu apunta a un creciente malestar por la ilegalidad de la entrega de migrantes a Libia. También lo hacen dos casos históricos presentados este año por migrantes contra Frontex, la agencia europea de fronteras, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la principal autoridad judicial de la UE. Los casos alegan que los agentes o funcionarios de Frontex ignoraron las pruebas de los abusos de derechos perpetrados por los Estados miembros de la UE o participaron ellos mismos en la devolución ilegal de migrantes en busca de asilo.

Por supuesto, la UE no es la única que intenta externalizar el trabajo sucio de contener la migración. Durante la última década, el Gobierno de Estados Unidos ha tratado de reducir el flujo de migrantes latinoamericanos exigiendo a los que llegan a través de Centroamérica que permanezcan en México mientras solicitan el reasentamiento. La llamada “investigación remota” también permite a las autoridades de inmigración estadounidenses evitar el dilema de qué hacer con las personas cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas, pero que proceden de lugares que carecen de acuerdos de deportación. Los migrantes en estos centros se enfrentan a palizas propinadas por los guardias, comida en mal estado, falta de acceso a agua potable, temperaturas extremas, hacinamiento, piojos y sarna, según The Global Detention Project, una ONG de derechos humanos con sede en Ginebra.

En mayo, viajé a Libia para investigar la muerte de Aliou Cande, un migrante de 28 años procedente de Guinea Bissau que había huido de su maltrecha granja en un intento de llegar a Europa. El 8 de abril de 2021, Cande fue asesinado a tiros por los guardias dentro de uno de los centros de detención más espantosos de Libia, un centro llamado Al Mabani o “El Edificio”, situado en el corazón de la capital, Trípoli. El asesinato no fue objeto de ninguna investigación por parte de la UE ni de los funcionarios libios; nadie fue detenido ni castigado. Junto a otros cientos de personas que corren una suerte similar en estas cárceles, Cande fue enterrado en un cementerio de migrantes superpoblado en Trípoli, a más de 3.000 kilómetros de su familia en Guinea Bissau.

En Trípoli, entrevisté a docenas de otros migrantes que habían estado encarcelados con Cande en Al Mabani. Me hablaron de celdas tan abarrotadas que los detenidos tenían que dormir por turnos. Hablaron de una sala especial en la que a veces se golpeaba a los migrantes mientras estos colgaban boca abajo de las vigas del techo. Compartieron conmigo el mensaje de audio que Cande grabó en un teléfono móvil escondido en la cárcel, en el que hacía una última petición a su familia para que enviara el rescate que necesitaba para ser liberado.

Cande era precisamente el tipo de migrante climático del que el mundo verá millones en los próximos años: las sequías en Guinea Bissau se habían vuelto más comunes y más largas; las inundaciones se volvieron más impredecibles y dañinas; las cosechas de Cande se estaban perdiendo y sus hijos tenían hambre. Partió hacia Europa para salvarlos.

El cambio climático, que ya está enviando a decenas de miles de migrantes al norte desde África y Oriente Medio, podría llegar a desplazar a 150 millones de personas en todo el mundo en los próximos 50 años. La subida del nivel del mar, la desertización, el hambre... todo ello llevará a los desesperados a lugares como Europa y Estados Unidos, lo cual pondrá a prueba el carácter moral y la imaginación política de los países mejor preparados para sobrevivir a un planeta recalentado.

Sin duda, los países tienen el derecho y el deber de gestionar sus fronteras, pero la forma en que Estados Unidos y la UE están gestionando las primeras oleadas de migrantes no es eficaz ni humana. Poner a los capitanes de buques mercantes en medio de esta crisis no es la solución. Peor aún es subcontratar el problema a estados fallidos como Libia, donde los abusos de los derechos humanos son una conclusión previsible.

Ian Urbina es periodista de investigación y director de The Outlaw Ocean Project, una organización de periodismo sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que se dedica a investigar los crímenes contra los derechos humanos y medioambientales que ocurren en el mar.

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