Barcos y redes de pesca amenazan al 70% de más de 3.400 áreas marinas protegidas en Europa

Las áreas marinas protegidas (AMP) por la red Natura 2000 —formada por espacios de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea— están amenazadas, asegura la ONG Oceana en un informe en el que ha estudiado las 3.449 zonas de ese tipo que existen. El resultado apunta a que el 70% de ellas están afectadas por, al menos, una amenaza de las 13 que han considerado, pero hay lugares en los Países Bajos y en el Reino Unido en las que se han encontrado hasta 12 peligros. Los más importantes están relacionados con el tráfico marítimo y el daño que provocan las artes de pesca en los fondos marinos principalmente, seguidos por los cables submarinos, dragados, acuicultura, puertos o instalaciones de petróleo y gas. “En hábitats de arrecifes, permitir el arrastre o artes de pesca que lleguen al fondo puede provocar daños en los corales, de forma que no se cumpla el primer objetivo que es conservarlos en buen estado ambiental”, pone como ejemplo de las afecciones Pilar Marín, científica de Oceana. En este escenario, el 96% de la red Natura 2000 marina europea “no otorga la suficiente protección a estos lugares, ya que permiten al menos una actividad extractiva o industrial o algún desarrollo de infraestructuras dentro de sus límites”, asegura el informe.

España tampoco se libra de las críticas por la gestión de estos espacios. El estudio sostiene que es el país que permite pescar en más zonas protegidas (157 de las 308 con las que cuenta y que abarcan 84.399 kilómetros cuadrados). A poca distancia aparece Francia, que autoriza a faenar a su flota en 154 de sus 290 espacios protegidos (127.000 kilómetros cuadrados), y el Reino Unido, que habilita las capturas en 152 de sus 280 áreas (117.000 kilómetros cuadrados de superficie). La meta de la Unión Europea es llegar al 30% de espacio marino protegido en 2030, según la Estrategia de Biodiversidad aprobada este año.

Uno de los lugares con mayores dificultades en la costa española se encuentra en el Estrecho de Gibraltar, en un espacio de 236 kilómetros cuadrados llamado Estrecho Oriental, que rodea al Peñón de Gibraltar. En 2012 se protegieron los bancos de arena, arrecifes, cuevas marinas y varias especies incluyendo el delfín mular y la tortuga boba. Pero en este lugar, en el que confluye una gran concentración de actividades humanas, Oceana ha localizado ocho amenazas diferentes. “En toda la red Natura 2000 es uno de los puntos sujetos a una de las tasas de tráfico marítimo más altas (más de 22.000 horas por kilómetro cuadrado al año)”, plantea la investigación. Esta congestión crea un alto riesgo de colisiones de barcos y derrames de combustible, además de choques con la fauna migratoria que pasa por este punto de conexión entre el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y ruido submarino. “Hay también intrusiones de la pesquería de arrastre por debajo de los 50 metros, una actividad prohibida en el Mediterráneo”, apunta Marín. En el análisis de todas las áreas estudiadas en Europa, el 86% del lecho marino “protegido” está expuesto a artes de pesca de alto riesgo.

La abundancia de buques está ligada a su proximidad al puerto de Algeciras, considerado como el más grande España y el Mediterráneo en cuanto a transporte de mercancías. “También se utiliza como centro logístico internacional”, indica Oceana. La flota pesquera que faena dentro del Estrecho Oriental añade más presión al entorno. Las embarcaciones son sobre todo de pequeña escala y operan en varios caladeros para capturar jurel, atún rojo, besugo de la pinta, pez espada y varias especies de bivalvos.

El informe de Oceana concluye que más del 53% de las zonas evaluadas carece de gestión. Y cuando la tiene, “el 80% de los planes por lo general son incompletos o están plagados de puntos flacos, omitiendo la gestión de las amenazas más graves que la afectan”. La ONG hace un llamamiento a los gobiernos nacionales para que cambien radicalmente su gestión y adopten prohibiciones a gran escala con actividades que resultan incompatibles con los objetivos de estas áreas. Denuncian, al mismo tiempo, que haya existido en la última década “una carrera” para declarar un gran número de estas zonas, “lo que ha tenido un coste en calidad”, como muchas áreas “declaradas sobre papel, pero sin gestión alguna”. El análisis de Oceana muestra que el objetivo de muchas AMP ha sido desarrollar un “mínimo legal” que proteja unas determinadas características, en lugar de proteger más ampliamente el ecosistema, sin abordar las amenazas más extendidas como el tráfico marítimo, la pesca y el dragado.

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