El consejero Reyero impone siete sanciones en cuatro meses a residencias de ancianos en Madrid

La Comunidad de Madrid asegura haber endurecido el control a las residencias de ancianos para mejorar la atención en un sector donde abundan las quejas de familiares por falta de vigilancia. Un ejemplo de esta nueva política de mano dura son las multas por incumplimiento de contrato impuestas en la supervisión a las 18 residencias públicas gestionadas por empresas privadas, según la consejería que ordena al sector, la de Políticas Sociales. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, en los últimos cuatro meses de 2019 fueron impuestas siete multas de este tipo, frente a las ocho del período enero-agosto. Es un número extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que solo 19 fueron penalizadas entre 2014 y 2018.

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) dice que el aumento de este tipo de multas se debe a que ha ordenado un mayor número de inspecciones desde que llegó al cargo a finales de agosto. De este modo se confirman las sospechas de escasa supervisión que durante años han denunciado las familias por medio de asociaciones madrileñas como Pladigmare o el Defensor del Pueblo.

Reyero dice que esta vigilancia es parte de su compromiso con el bienestar de los mayores. “No nos va a temblar el pulso a la hora de imponer sanciones y penalizar a aquellas residencias que no cumplen”, le dice Reyero a este periódico. “Queremos que las personas mayores reciban la mejor atención, ya sea en una residencia pública o en una privada, no debe haber diferencias”.

Las 18 residencias públicas de gestión privada son solo una parte muy pequeña de un sector compuesto en abril por 425 centros en la Comunidad de Madrid, según el dato más reciente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Esta nueva información sobre las multas por incumplimientos de los contratos de gestión (“penalidades” en lenguaje administrativo) complementa la ofrecida sobre sanciones por violar la ley que reveló este periódico en octubre. Algo más de una quinta parte de las residencias operativas a principios del año pasado habían sido sancionadas entre 2014 y 2018 por motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento. En el listado de sancionadas aparecían 96 residencias autorizadas, 12 centros ilegales y seis centros de día. [Consulte aquí el mapa de las residencias con luz roja en la Comunidad de Madrid].

La consejería de Reyero aún no ha publicado la información más reciente sobre este último tipo de sanciones. El consejero se comprometió a publicar en la web todo tipo de multas (penalidades y sanciones) a partir de este año. Según una portavoz, la información estará pronto disponible y hará referencia a todas las infracciones cometidas desde el 1 de enero de este año.

El cuadro que emerge de este sector que tiene en sus manos a personas vulnerables es preocupante, según Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare. “Debería ser el mapa de la vergüenza para los actuales gobernantes de nuestra Comunidad”, valora Vázquez.

Pladigmare llama la atención sobre el alto número de residencias sancionadas o penalizadas por falta de personal, en violación de las normas que obligan a cumplir con ratios en función del número de ancianos bajo su cuidado. Esta asociación también ha advertido de que varias infractoras son grandes empresas, algunas financiadas por fondos de inversión internacionales. “Es el resultado de haber convertido los centros residenciales, que son un derecho establecido tanto en el artículo 50 de la Constitución, como en la Ley de Dependencia, en un negocio sin más”, denuncia esta asociación.

Otras voces en el sector creen que no existe una relación entre el tamaño del gestor de los centros y la calidad del cuidado. Dicen que muchas veces las infractoras son empresas pequeñas atraídas por la oportunidad de negocio que supone el envejecimiento demográfico, pero sin capacidad para invertir en el elevado número de auxiliares de enfermería necesarios para un cuidado óptimo.

Grandes infractores

Una de las empresas con más infracciones es Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., un gran grupo que tiene 35 centros en todo el país. Fue fundado por José Luis Ulibarri, un polémico empresario. Las cuatro residencias públicas gestionadas por Aralia en la Comunidad de Madrid han sido sancionadas desde 2014: Ensanche de Vallecas, Parque de los Frailes, Peñuelas e Isabel la Católica. Pladigmare pide a la administración que deje de contratar con Aralia.

Como parte de su campaña de inspecciones en las residencias públicas de gestión privada, la consejería de Políticas Sociales se ha reunido con sus comités de empresa. Les ha pedido información sobre posibles deficiencias y está actuando en consonancia.

Reyero también ha dicho que va a actualizar las normas autonómicas que regulan las ratios de personal, que tienen más de 20 años. Para ello está hablando con patronales y sindicatos. Según la Comunidad, Madrid es una de las regiones con mejores ratios.