Sí es sí hasta el final

Ustedes van diciendo sí hasta el final?”. El interrogante surgía en el debate de las elecciones del 28 de abril pasado en boca de Cayetana Álvarez de Toledo. La pregunta hacía irrumpir en campaña una cuestión en torno a la que había consenso político tras el debate que provocaron sentencias como las de La Manada: las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. Y tienen que serlo desde el principio hasta el final. Si no, son otra cosa. Una mujer también puede dudar. Y puede decidir no seguir adelante en cualquier momento.

El goteo constante de víctimas, pero también la fuerza del movimiento feminista, han servido de revulsivo para sacar de las sombras un problema que ha existido siempre, pero que ahora es una preocupación social de primer nivel. Desde la copla La maté porque era mía hasta las manifestaciones multitudinarias tiñendo de violeta nuestras calles se ha avanzado. Pero queda mucho camino por recorrer.

La violencia machista se traduce en España en varias decenas de mujeres asesinadas al año y en miles y miles que sufren maltratos físicos, psicológicos, acoso, abusos, humillaciones y amenazas. Las estadísticas se encuentran lejos de mostrar la gravedad del problema: el número de asesinadas es solo la punta de un iceberg gigantesco.

¿Qué estamos haciendo? En Cataluña muy poco. La red de atención a víctimas de violencia machista llega solo a una de cada 10 mujeres que se estima son víctimas. Sin embargo, los partidos que forman parte del Govern han votado en contra de todas las propuestas presentadas en el Parlament en la actual legislatura que implican un aumento de los recursos para luchar contra esta lacra. En octubre del año pasado se aprobó que en seis meses tenía que ser realidad el Pacto Catalán contra la Violencia Machista, o sea, en abril. Estamos en diciembre y seguimos sin noticias. Tampoco del despliegue reglamentario de la ley 5/2008 que busca erradicarla, que lleva más de una década en lista de espera.

Todas las nuevas actuaciones, como los dos nuevos Servicios de Atención Especializada para recuperación de víctimas (SIE) o el Protocolo contra las violencias sexuales en entornos de ocio o las campañas de sensibilización, se están financiando con los fondos transferidos por el Gobierno central para desplegar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un pacto diseñado para sumar esfuerzos, pero no para sustituir las actuaciones de las administraciones que, como Cataluña, tienen las competencias transferidas.

A nivel español, la irrupción de Vox ha tenido como consecuencia que el PP y Ciudadanos hayan optado por legitimar un discurso que no solo busca eliminar las leyes que intentan combatir la violencia machista, sino negar incluso que existe. Pablo Casado ha pasado de apoyar el Pacto de Estado a afirmar que la violencia de género se soluciona dando empleo a las mujeres. Álvarez de Toledo ironiza diciendo que no existen organizaciones que digan que hay que matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Algo que es cierto en su literalidad, pero que banaliza un problema que formaba parte del consenso colectivo y que ha costado décadas de lucha. Como recordaba Miguel Lorente en un artículo reciente, la diferencia entre los partidos conservadores y progresistas no está en el número de machistas que hay en sus filas, sino en sus políticas feministas. Ahora hay que sumar el machismo radical como eje de una parte de las políticas conservadoras.

Uno de los principales retos de esta legislatura tiene que ser reformar el Código Penal para hacer efectivo el “solo sí es sí”, pero también es necesario asumirlo en el día a día sin matices. La mayoría de partidos políticos parecía tenerlo claro en un contexto en el que una de cada cinco mujeres ha sido víctima de abusos sexuales pero las sentencias no reflejan ni el 1% de los casos. En que después de siglos, el cuento de Caperucita Roja continúa vivo porque seguimos enseñando a nuestras niñas que no deben ir solas por el bosque porque hay lobos que las pueden violar.

Beatriz Silva es diputada del PSC-Units per Avançar en el Parlament.