Malestar en el gremio de arquitectos por el daño de Monasterio a la profesión

El goteo incesante de pruebas de irregularidades contra la arquitecta y líder en Madrid del partido Vox Rocío Monasterio está minando los ánimos de sus compañeros en el Colegio de Arquitectos, el COAM. En privado, y en ocasiones en público, los arquitectos han manifestado su malestar por el daño a la imagen del gremio que supone que una persona sin titulación ejerciera durante años su profesión.

Demandan un pronunciamiento en defensa de un colectivo de más de 10.000 miembros en Madrid, pero como los hechos conocidos son antiguos, es improbable que Monasterio sea sancionada. Expertos en deontología señalan que, aunque los hechos parecen un caso claro de intrusismo, no hay posibilidades de sanción porque ya han prescrito al haber pasado el plazo máximo de tres años que regula el Real Decreto que regula los Estatutos de los Colegios. Así, no habría posibilidades de éxito para la denuncia presentada hace dos semanas ante el COAM por el arquitecto y concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, José Manuel Calvo

La Comisión de Deontología, el órgano que estudia la denuncia, ni siquiera tendría que entrar en el fondo del asunto y el caso quedaría archivado. En los tribunales tampoco hay recorrido porque la responsabilidad penal también ha prescrito.

La Comisión de Deontología es un órgano de nueve miembros designados por sorteo que se reúne de forma no periódica para estudiar las denuncias. Por ahora los portavoces del Coam no han dado información sobre los tiempos de este proceso.

Como un médico intruso

El silencio de la decana también ha molestado a algunos colegiados. Los más críticos han sido los miembros del grupo opositor Nuevo COAM, que hace dos semanas publicaron un comunicado requiriendo a la Junta de Gobierno un pronunciamiento en defensa del valor de la profesión.

En respuesta a esas críticas, la decana, Belén Hermida, le dijo a este periódico que ella no controla a la Comisión de Deontología, un órgano independiente de su gobierno. “El Colegio no está en silencio”, dice Hermida en un correo. “La Junta de Gobierno, como órgano de dirección del COAM debe ser garantista con los procedimientos. Si hubiéramos hecho otra cosa, estaríamos hablando de opiniones personales”.

Pero el fracaso esperado de la denuncia irrita a muchos arquitectos que consideran como muy graves las pruebas que han surgido contra Monasterio. La dirigente de Vox ha sido señalada ya en nueve casos, principalmente por su práctica durante los años del boom inmobiliario, cuando remodeló edificios industriales para que fueran habitados por decenas de clientes, a pesar de que los inmuebles no tenían permiso para vivir en ellos. También firmó como arquitecta a pesar de que no acabó la carrera hasta 2009.

Monasterio ha negado su culpa pero no ha refutado las pruebas. Ha atacado a EL PAÍS, el periódico que ha revelado la mayoría de denuncias contra ella, y ha sugerido que existe una motivación ideológica.

Los arquitectos madrileños demandan una respuesta contundente porque arquitectura, como medicina o abogacía, es una de las pocas profesiones colegiadas debido a la trascendencia de los derechos en juego. “Sería impensable que un médico ejerciera sin título”, dice Isabel Saiz de Arce, exvicesecretaria de la Junta de Gobierno del Coam.

Piden que la lucha política no enturbie el caso. Las opiniones de los colegiados, como las del resto de la opinión pública, se han visto manchadas por el hecho de que Monasterio es una personalidad política. “Lamentablemente es un tema muy politizado y creo que eso está impidiendo que se valore la repercusión para nuestra profesión”, dice Pilar Pereda, exsecretaria de la junta de gobierno del COAM.