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ANÁLISIS i

Como para echarse a temblar

Más de 200 intelectuales han firmado un sorprendente manifiesto contrario a los principios de Estado democrático y de Estado de derecho

En Cataluña las cosas van de mal en peor. El problema no es tanto que los partidarios de la independencia intenten conseguirla, algo ciertamente natural, sino que los no partidarios se hayan convertido en sus compañeros de viaje y apoyen sus políticas. Ello está sucediendo en las universidades catalanas y en el mundo cultural y académico.

Las resoluciones de los órganos de gobierno de las universidades catalanas son exactamente la renuncia a su función de instituciones cuyo fin es la enseñanza. En realidad, por sectarismo o por miedo, dimiten de la labor que tienen encomendada y por la cual cobran un sueldo a final de mes. Facilitar que los estudiantes puedan dedicarse a participar en las manifestaciones a favor de la independencia en lugar de asistir a clase, tal como han aprobado, en estos o parecidos términos, sus juntas de gobierno presididas por el rector correspondiente, es el mayor desprecio que se puede hacer a la labor académica de las instituciones que tan indignamente presiden.

En realidad, vienen a insinuar que las clases y los profesores son superfluos, que para aprobar las asignaturas no es necesario asistir a clase porque la independencia de Cataluña es más importante que el aprendizaje. Una vergüenza que vulnera el deber de enseñar de los profesores y la neutralidad política e ideológica de los centros como instituciones públicas. Si alguna autoridad académica no está de acuerdo con estas resoluciones, el único camino digno que le queda es dimitir del cargo. Quien no lo haga tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

"Vienen a insinuar que para aprobar no es necesario ir a clase porque la independencia de Cataluña es más importante que el aprendizaje

Por otro lado, más de 200 intelectuales del mundo entero firmaron el pasado 23 de octubre un sorprendente manifiesto. Los firmantes, de ideas políticas no necesariamente separatistas, sostienen que tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, la situación en Cataluña se ha agravado de una manera preocupante al producirse altercados y enfrentamientos con la policía en las calles. Sin embargo, dicen, estos han ido a menos, pronto habrá un gobierno progresista en Madrid y entonces será la hora de iniciar las negociaciones para abordar el “conflicto”, tal como de forma reiterada ha pedido la Generalitat.

De entrada, los inculpados parecen ser la policía —evitan, claro, decir los Mossos d’Esquadra— y las autoridades españolas. Ninguna responsabilidad tiene, por lo visto, el Gobierno de la Generalitat, que precisamente ampara y estimula a los violentos sin condenarlos de forma expresa. Por lo visto, es la policía quien incendia contenedores, arrasa el mobiliario urbano, corta calles y carreteras, y destroza automóviles y todo lo que encuentra a su paso. Los pacíficos manifestantes son las pobres víctimas de esta violencia policial.

A la vista de todo ello los abajo firmantes piden: 1) un esfuerzo por parte de todos los implicados en el conflicto para acabar con tanta tensión; 2) abandonar la estrategia de judicialización de un conflicto de naturaleza política; 3) que los gobiernos catalán y español acuerden una ronda de negociaciones a fin de encontrar una solución razonable que pueda satisfacer los intereses de cada una de las partes.

No sé si algunos de los amigos míos firmantes se han dado cuenta de estas peticiones porque, bien leídas, son exactamente contrarias a los principios de Estado democrático y de Estado de derecho.

Del primero, porque piden negociaciones al margen de las instituciones democráticas, casi a escondidas y en secreto. Que se sepa, es en los parlamentos donde diariamente se llevan a cabo el diálogo y las negociaciones. Los canales están, pues, establecidos. Ocultan que lo que pretenden es situar en pie de igualdad el todo con la parte para que esta pueda presionar mejor. Así podrán escapar a las leyes y tratar como si fuera un arbitraje lo que denominan conflicto de intereses.

Y también el texto es contrario al Estado de derecho al rechazar que los jueces puedan juzgar a los cargos públicos si estos son acusados de vulnerar las leyes dado que la naturaleza del conflicto es política. La naturaleza de un delito —sea financiera, familiar, violenta o política, como en este caso— no impide que su autor sea juzgado, en otro caso sería contrario a la igualdad de los ciudadanos. ¿Los preclaros firmantes piden que los cargos públicos escapen al control judicial? Si así fuera, nuestro Estado no sería democrático ni de derecho.

Y una acotación final. Lo que piden coincide con la posición de ERC, probable sostén del futuro Gobierno Sánchez. ¡Como para echarse a temblar!

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