La presión legal fuerza a la industria cárnica a regularizar el 81% de sus falsos cooperativistas

La industria cárnica catalana se ha visto obligada a revisar completamente su modelo laboral, discutido por los sindicatos y cercado por la Inspección de Trabajo. Según los datos de la Generalitat, en marzo de 2018 había 32.344 personas que trabajaban en esta industria, de los cuales 9.548 lo hacían bajo el régimen de autónomos. Para poder trabajar, debían inscribirse en cooperativas que la inspección consideró fraudulentas. Actualmente, el 81% de estos falsos cooperativistas han sido regularizados. Algunos sindicatos creen que todavía queda trabajo por hacer y lamentan que no se reconozca la antigüedad a los trabajadores.

La gran regularización del sector es vista por la Generalitat como un cambio de ciclo. Lo es por la cantidad de trabajadores cuya situación laboral ha sido estabilizada: 6.202 según los datos de la Generalitat, a los que hay que sumar los 1.580 trabajadores de Grupo Jorge que fueron integrados definitivamente en la plantilla la semana pasada. En total, el 81% de los autónomos que había en marzo del año pasado han sido regularizados. Pero también es un cambio de ciclo, explican en la administración, porque después de las inspecciones laborales el sector entendió que debía regularizar a sus trabajadores y apenas litigó con la Inspección de Trabajo.

“La dinámica ha sido la de la regularización voluntaria, una vez se hicieron los requerimientos por parte de la inspección, en la mayoría de los casos las empresas lo aceptaron”, explica Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Ginesta asegura que en los próximos meses las empresas continuarán regularizando contratos, y destaca que, contrariamente a los temores que tenía el sector, ni la industria ha dejado de crecer por tener que contratar a los falsos cooperativistas, ni ha tenido que despedir a personal. “Al contrario, se han mantenido los puestos de trabajo”, afirma.

El proceso para culminar este cambio del modelo productivo no fue fácil. Empezó en 2016 con las protestas y denuncias de los trabajadores de los mataderos y salas de despiece de los alrededores de Vic, apoyados por sindicatos pequeños (primero el sindicato COS y la asociación Càrnies en Lluita, y más tarde se sumaron UGT y CC OO). Los empleados revelaron que para trabajar en la industria cárnica tenían que cotizar en el régimen de autónomos y entrar en unas cooperativas en las que no tenían ni voz ni voto.

Los sindicatos denunciaron que las cooperativas eran en realidad estructuras dependientes de las empresas cárnicas, que servían para reducir los costes de personal: bajo el régimen de autónomos y a través de las cooperativas, los trabajadores se pagaban las cuotas a la Seguridad Social, el transporte y el material. Los horarios se podían alargar hasta las diez o doce horas al día, y los empleados no tenían la misma cobertura social que si estuviesen contratados en el régimen general. Por último, la empresa no tenía por qué dar vacaciones pagadas a un personal que, sobre el papel, era un socio autónomo.

Los sindicatos recuerdan además que la precariedad en el sector —con sueldos entre los 900 y los 1.100 euros al mes, a los que había que descontar los gastos de autónomos— y el hecho de que la mayoría de los trabajadores fuesen inmigrantes recién llegados, disuadían a los empleados a la hora de enfrentarse a la empresa. “Eran condiciones laborales muy débiles, cuando un cooperativista perdía el trabajo no tenía paro, e iba directamente a la red de servicios sociales”, abunda Ginesta.

Dos grandes inspecciones en febrero de 2018 y la modificación de la Ley de Cooperativas de Cataluña para identificar los fraudes fueron el pistoletazo de salida para el proceso de regulación.Pese a que los grandes sindicatos lo celebran, algunas centrales lamentan que no se ha hecho justicia con todos los trabajadores. “Los han pasado al régimen general, pero no se les respeta la antigüedad y las condiciones no han cambiado tanto”, afirma Montse Castañé, representante del sindicato COS y una de las artífices de la lucha sindical en el matadero Esfosa. Este sindicato, Càrnies en Lluita y CC OO han denunciado además que las empresas no abonan las cuotas a la Seguridad Social que tuvieron que pagar los trabajadores cuando eran cooperativistas y preparan acciones ante la justicia. La Generalitat recuerda que, al haberse hecho una regularización voluntaria, las compañías no están obligadas a la devolución de las cuotas.