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COLUMNA i

La Ingobernable y la defensa de la democracia

Tengo pendiente ir al cineclub. Creo que no me animaré a participar en las clases de tango

Centro Social Autogestionado en Madrid
Centro Social Autogestionado en Madrid

He visitado varias veces el centro social okupado La Ingobernable. Para asistir a una conferencia sobre ciudades sostenibles, para presenciar un coloquio sobre precarización salarial, para escuchar un programa de radio que se emitía desde allí en directo. Tengo pendiente ir al cineclub. Creo que no me animaré a participar en las clases de tango.

Hasta no hace tanto nunca había entrado en un edificio okupado. Los observaba con curiosidad en mi barrio, Lavapiés, pero me parecían un mundo ajeno del que no sabía qué esperar. Soy un ciudadano como millones, más adaptado de lo que me convendría, más integrado que apocalíptico, también un izquierdista tristemente moderado por el escepticismo, por mi falta de fe en el ser humano. Admiraba la valentía de los okupas pero me producía desconfianza su radicalidad.

Y sin embargo me indigna que nuestro nuevo alcalde, con el aplauso de sus socios (y con el silencio del PSOE y UP), haya anunciado el desalojo por la policía de La Ingobernable, esgrimiendo que es un edificio que pertenece a todos los madrileños. Lo peculiar del caso es que fue Ana Botella quien cedió gratuitamente el edificio a un amigo para crear allí un museo de arquitectura, desoyendo la opinión del Colegio de Arquitectos y diversos informes técnicos y forzando un cambio de última hora para reducir la protección del edificio y poder derribarlo, maniobra en la que participaron varios políticos hoy imputados por distintos casos de corrupción. Si el edificio sigue en pie es porque el cesionario no cumplió varias condiciones del contrato. Llevaba varios años vacío y semiolvidado cuando llegó la okupación.

Pero ahora la protección del patrimonio de los españoles resulta fundamental para un partido culpable de quedarse con millones de euros para financiar campañas y sobresueldos, de conceder contratos amañados (que pagamos todos), de retorcer la ley, cambiar jueces y presionar a funcionarios para evadir condenas. Crean un conflicto con los “antisistema” para tapar las vergüenzas que seguirán aflorando en la cascada de juicios pendientes.

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