En defensa de la democracia parlamentaria

Han pasado casi dos meses desde las elecciones del 26M y seguimos sin celebrar en la Comunidad de Madrid el imprescindible debate de investidura. Tuvimos, eso sí, una sesión tan inédita como incomprensible hace unos días. Fue "sin candidato", es decir, fallida avant la lettre, frustrada y frustrante a la vez, que proyectó una mala imagen del Parlamento madrileño, en el que la ceremonia de la confusión, los monólogos sucesivos y la ineficacia prevalecieron sobre el buen sentido institucional, el valor de la democracia parlamentaria y deliberativa y la debida neutralidad del presidente de la Asamblea.

Que en Derecho haya distintas respuestas posibles a priori no significa que unas no estén más justificadas que otras, y en este caso concreto la interpretación del Reglamento del señor Trinidad como presidente de celebrar un pleno sin candidato está, a mi juicio, más cerca de la arbitrariedad que de la discrecionalidad.

La lógica jurídica, la racionalidad, incluso la más elemental razonabilidad conducen a que es preferible siempre un pleno con candidato a uno sin él, esté o no garantizado el éxito de la investidura. Primero, porque de realizarla sin candidato, el fracaso es seguro (no probable). Segundo, porque en juego están, además de la imagen del Parlamento, derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, como el derecho de sufragio pasivo de los posibles candidatos, una razón fuerte que debería haber sido decisiva. Y tercero, porque siempre hay que dejar la puerta abierta al éxito de la deliberación y de la discusión parlamentaria, a la posibilidad de persuadir al otro, al principio de la negociación que puede llevarse a cabo incluso durante la sesión de investidura y que completa el principio de las mayorías en todo parlamentarismo serio.

Con dos escritos sucesivos, desde el Grupo Socialista hemos justificado ante el señor Trinidad lo inapropiado de su decisión, de su carácter no solo injusto sino también poco ajustado a Derecho, que daña los derechos del señor Gabilondo, el candidato con más votos ciudadanos (y, en este momento, también con más apoyos parlamentarios), dispuesto, además, a presentarse a la investidura. Impedirle esta posibilidad, como se ha hecho hasta la fecha, no solo perjudica seriamente la imagen institucional y arbitral de la Presidencia de la Cámara, sino que puede afectar a sus derechos políticos fundamentales.

La Comunidad de Madrid merece una sesión de investidura con una candidatura que pueda ofrecer su proyecto y su programa para la región, que pueda explicar y argumentar por qué y para qué quiere ser investido y que sean los 132 diputados y diputadas, no sometidos a mandato imperativo, los que tengan la última palabra. El señor presidente no debería limitar esta básica posibilidad democrática. Es su obligación institucional, arbitral y neutral. No es cuestión de aguardar al acuerdo que resulte, a su juicio, más conveniente.