La Fiscalía Anticorrupción solicita el pago de 20 millones de euros de los 22 acusados en el caso del Canal de Isabel II
El representante público pide la apertura del juicio oral y penas que oscilan entre 6 y 7 años de prisión para cada uno de ellos y una media de inhabilitación especial de 12 años
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los 6 y 7 años para cada uno de los 22 miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, que aprobaron la adquisición de la mayoría de las acciones de la mercantil colombiana por 73 millones de dólares en 2001, y una indemnización conjunta de 20 millones de euros. Entre estos investigados a los que la Fiscalía pretende llevar a juicio figuran dos exconsejeros del gobierno autonómico de Gallardón de aquella época, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo. Estos 22 imputados, que ocuparon puestos de responsabilidad en la Administración de Madrid, según el fiscal, “otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del citado consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”. La Fiscalía Anticorrupcción pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra los 22 presuntamente implicado en el caso.
A los acusados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides reclama una pena de 6 años de prisión, 12 años de inhabilitación absoluta, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A José Antonio De Cachavera Sánchez y Juan Pablo López Heras una pena de 7 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A los imputados Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera una pena de 7 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A los acusados Ignacio López Galiacho Perona, Juan Mª Del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho una pena de 6 años de prisión, 14 años de inhabilitación absoluta, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Los acusados, conjunta y solidariamente, indemnizarán a Canal de Isabel II en el sobreprecio pagado por la adquisición de la empresa panameña SAA que asciende, al menos, a 19.066.500 €, sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas.
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