El juez del caso 3% investiga a 15 empresas por pagos a Convergència

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso 3% ha otorgado la condición de investigadas a 15 empresas constructoras que, presuntamente, pagaron comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública. En un auto en el que detalla los indicios sobre el funcionamiento de las presuntas mordidas, José de la Mata cita a declarar a los responsables de las empresas: Urbaser, Fundación ACS, Costraula, Grupo Soler, Copisa, Tec Cuatro, Oproler, Romero Gamero, Benito Arnó, Pasquina, Ayesa, Deco, Certis, Ortiz y Teyco.

El magistrado atribuye a esas empresas tres delitos: tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Los directivos y responsables de esas compañías -la mayoría, constructoras con amplia implantación en Cataluña- ya están encausadas desde hace meses. Ahora son las compañías las compañías las que figuran como investigadas. Una reforma penal de 2010 permite que las personas jurídicas -y no solo las físicas- tengan esa condición.

El auto resume que en el caso 3% se investiga a "alto cargos del partido político CDC" que, "en connivencia" con representantes públicos y empresarios, "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente al partido en forma encubierta". Los investigados "alteraban todo tipo de concursos públicos" para "dirigir" las adjudicaciones a las compañías que hacían aportaciones a las fundaciones afines a la formación nacionalista, como CatDem o Fòrum Barcelona. El monto de las adjudicaciones bajo sospecha asciende, "por el momento", señala De la Mata, a los 175 millones de euros. El instructor calcula que las empresas han pagado alrededor de un millón de euros como comisiones.

Con la investigación ya avanzada, el juez distingue dos maneras de proceder de las empresas. Algunos de los pagos, dice, estaban vinculados y se producían "específicamente a cambio y como contraprestación por la adjudicación de concretas obras públicas". En otros casos, sin embargo, las donaciones se hacían de acuerdo con la voluntad de los "jerarcas" de Convergència "para crear o mantener una buena relación con el partido y ser consideradas así elegibles y ser tomadas en cuenta para futuras adjudicaciones". O sea, "simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".

Como ejemplo de esta segunda operativa, figura un correo electrónico de Antonio García-Bragado, socio de la constructora Tec-4. "En los últimos meses hemos iniciado un debate y un proceso de reflexión sobre el papel de las empresas en la contribución al desarrollo de un catalanismo moderno, cosmopolita, dialogante, integrador, que permita avanzar en la transición hacia una nueva etapa donde las empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo", escribe para justificar un donativo de 50.000 dólares a CatDem.

El juez atribuye al extesorero de Convergència, Daniel Osácar, el "control exhaustivo" de las licitaciones de obra pública de la Generalitat y de ayuntamientos controlados por Convergència. Entre los investigados está también quien fue gerente del partido y más tarde secretario de Gobierno de Artur Mas, Germà Gordó.