Pacto de gobierno

La escena política se ha convertido en la representación de intereses diversos y cambiantes. La ciudadanía reparte su voto entre más opciones políticas, de acuerdo con la complejidad creciente de nuestra sociedad (lean a Innerarity), las brechas son variadas y, por tanto, los intereses en juego no se mueven ya en un único plano.

Los partidos deben asumir ahora sus responsabilidades. Son los electos, y no la ciudadanía, los que ha dado el paso al frente para asumir la tarea, a veces ingrata pero siempre necesaria, de representarnos. A través de su elección, estas personas han sido investidas de nuestra confianza y es a ellas, no a nosotros, a quien corresponde decidir con quién pactar y a quién dejar fuera del gobierno, lo que no significa, por otra parte, expulsar de las instituciones representativas a las fuerzas que han llegado tras ser elegidas por una parte del pueblo soberano. 

Decidir con quién se pacta y con quién no se pacta va más allá de mera táctica. Pactar significa establecer una serie de principios de actuación leal con unas opciones políticas y no con otras. Determina la estrategia política que quiere seguirse en el medio y largo plazo, las prioridades de gobierno y de política social. Toda decisión comporta consecuencias, no hay decisión políticamente neutra. Pero eso es, precisamente, gobernar. Pactar con unos o con otros implica elegir entre unas opciones frente a otras. De ahí los llamados cordones sanitarios. Determinados grupos han sido elegidos por una parte de la ciudadanía a través de los cauces democráticos y, por tanto, deben ser respetados. Ahora bien, está en manos de las direcciones políticas decidir si, además, entran a formar parte del núcleo decisorio de los diferentes ejecutivos o, si por el contrario, los mantienen en unos niveles de impacto político cotidiano menos inmediato.

Lo dicho hasta ahora es aplicable tanto para superar la investidura del señor Sánchez como para conformar otros gobiernos. No olvidemos que, a nivel estatal, los antisistema están en Vox. Es este partido el que no acepta los valores básicos sobre los que se construye el estado constitucional español y, en general, el edificio del estado de derecho europeo. 

Por supuesto, también es aplicable a la batalla política abierta en Barcelona. Ada Colau, pese a lo dicho el 26 de mayo, ha dado un paso al frente y ha decidido, con el apoyo de las bases, presentarse a la reelección como alcaldesa de Barcelona. La cuestión en este caso está en cómo se presenta a esta investidura.

En Cataluña, y más específicamente en Barcelona, los pactos deseables hace tan solo unos meses entre socialistas, comunes y Esquerra se han convertido hoy en misión imposible. En lo concreto, la última demostración del cuanto peor mejor fue el bloqueo inédito de ERC a la candidatura de Miquel Iceta como senador. En un plano más amplio, ERC y el señor Maragall, de la mano de la señora Alemany, siguen en la lógica unilateralista del procesismo, en la lógica de señalar al adversario político como carcelero, represor, mal catalán. Todo ello bajo el manto del nuevo relato áulico de que existe una “operación de Estado” para evitar un alcalde independentista en Barcelona. Deberían plantearse que, más bien, se trata de hacer efectiva la mayoría no independentista que las urnas han mostrado en Barcelona. El deseo popular de que la ciudad condal no caiga también en el empantanamiento procesista, que tan bien describió Coscubiela.

Lo cierto es que si Ada Colau quiere ser de nuevo alcaldesa de Barcelona debe asumir, a su vez, los riesgos de tomar decisiones. Debe decidir de quién quiere acompañarse. Y es una decisión que le toca tomar a ella, que es la que se presentó y a la que una parte de la ciudadanía concedió su confianza, y no a las redes sociales ni a listas de inscritos virtuales que no se representan más que a ellos mismos. El momento de votar, el momento de la ciudadanía de decidir a quién quiere en las instituciones ya ha pasado. Ahora son nuestros representantes a quienes corresponde tomar decisiones. Si no lo hacen bien, serán fiscalizados durante su mandato y en las próximas elecciones. Pero el mandato representativo está en sus manos.

La ciudadanía necesita saber de quién y cómo va a ser liderazgo de su ciudad. Los saltos sin red no son un instrumento válido para gobernar. Deben tejerse alianzas y sumar esfuerzos para dotar de estabilidad a la gobernanza de las instituciones. Solo así se mantiene la confianza política y ciudadana.