La asesora de Pablo Iglesias se queda sin escaño

La burocracia ha cerrado las puertas de la Asamblea de Madrid a Dina Bousselham (Tánger, 1990). La responsable de Migraciones de Podemos en la Comunidad se presentó a las primarias de su partido en mayo del año pasado y fue la séptima más votada. Los resultados le garantizaban un puesto de salida en la candidatura al parlamento regional en las elecciones del 26 de mayo. Sin embargo, su nombre no aparecerá en la papeleta porque no cuenta aún con la nacionalidad española, requisito imprescindible para votar y para ser votada.

Otras 360.000 personas en todo el país sufren el mismo problema que Bousselham, según datos del Ministerio de Justicia. No hay cifras sobre el número de afectados en Madrid. "Decidí participar en las primarias para visibilizar a la población migrante, que tiene vulnerados sus derechos políticos", dice la dirigente de Podemos. En su opinión, la actual Ley de Extranjería es "injusta, racista y colonial" porque "despoja a ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos del derecho a participar y decidir sobre los asuntos públicos que les afectan". El plazo máximo de tramitación para obtener la nacionalidad es de un año, pero el proceso suele demorarse durante tres o cuatro. Bousselham llegó a España en 2008 para cursar la licenciatura de Ciencias Políticas, aunque en Marruecos estudió en centros españoles desde los 13 años.

Para conseguir la nacionalidad, los solicitantes deben demostrar sus conocimientos del país y su nivel del castellano. El precio de las tasas para hacer estos exámenes puede alcanzar los 300 euros, lo que supone otro obstáculo. Una portavoz del Ministerio de Justicia admite el retraso en la resolución de expedientes de nacionalidad por residencia, un área en la que trabajan 43 personas. "El gran incremento en las solicitudes y la reducida plantilla hicieron necesaria desde 2012 la firma de encomiendas de gestión entre el ministerio y el Colegio de Registradores", explica. La portavoz sostiene que "en los últimos años" se han resuelto 922.450 expedientes y que, desde septiembre, se han puesto en marcha diferentes medidas para agilizar la tramitación.

La dirigente de Podemos solicitó la nacionalidad hace un año, pero aún no ha obtenido respuesta. Sin embargo, no todos los que están en su situación se quedarán sin participar en las elecciones. Aquellos que pertenecen a países con los que España ha firmado acuerdos de reciprocidad podrán ejercer tanto el derecho activo como el pasivo en las municipales. Marruecos, país de origen de Bousselham, no está en la lista. Otra marroquí, la activista Safia Elaaddam, nacida en Tarragona hace 23 años, lleva cinco tratando de obtener la nacionalidad sin éxito. Esa situación de "injusticia" le llevó a crear en redes sociales la campaña #Cédenostuvoto, que durante las pasadas elecciones generales conectó a migrantes con españoles dispuestos a cederlo.

"Esa acción supone un parche, pero es la única forma de luchar contra la burocracia y el racismo institucional", afirma Elaaddam. Bousselham pudo votar gracias a la intermediación de Beatriz Lorenzo, una chilena con nacionalidad española a la que no conoce. "Soy hija de exiliados españoles. Ejerzo mi derecho a voto en Chile porque nacer en este país es suficiente para ser nacional con plenos derechos. Decidí ceder mi voto porque, a pesar de que votar es un derecho, es un bien escaso. Me parece pertinente compartirlo con alguien a quien se le escatima", insiste. La campaña para ceder el voto estará de nuevo activa cuando se actualice la web.

"Votar es uno de los derechos fundamentales. Existe desafección política entre los inmigrantes porque no tenemos la posibilidad real de participar", subraya Bousselham. E insiste: "Parece que nuestros derechos son secundarios, cuando somos un colectivo que podría declinar la balanza". Para solventarlo, la dirigente de Podemos propone que el derecho a voto esté sujeto al empadronamiento. "Trabajamos, pagamos impuestos y hacemos nuestra vida aquí, pero no podemos elegir qué sociedad queremos", se queja Paula Guerra, una chilena de 43 años que preside la ONG SOS Racismo Madrid. Y subraya: "El Estado nos impide votar. Hay un racismo institucional porque no se trata por igual a todos los ciudadanos". Guerra solicita que se derogue la Ley de Extranjería porque "es responsable de las opresiones que sufrimos los inmigrantes".