El Defensor del Pueblo pide información a Alcorcón por las 93 viviendas del ‘Plan Permuta’

El problema del centenar de mayores del municipio madrileño de Alcorcón que tienen que comprar sus casas cedidas o abandonarlas en el plazo de dos meses tras revocar un juez el llamado Plan Permuta ha llegado al Defensor del Pueblo. Esta institución, a cuyo frente está en funciones Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio para que el Ayuntamiento (169.500 habitantes) le informe sobre la situación de estos ancianos.

La institución ha remitido un escrito al Consistorio alcorconero en el que le recuerda que debe dar una respuesta a la situación de emergencia social en la que se encuentran estos mayores. Además, ha pedido una solución habitacional y una atención adecuada para todos los afectados, sobre todo, ante el riesgo de que pudieran quedar en la calle.

El Plan Permuta se desarrolló en Alcorcón hace una década cuando la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) desarrolló un nuevo barrio, el Ensanche Sur, con unas 7.000 viviendas, en su mayoría sociales. El planeamiento obligaba a reservar un porcentaje de esos pisos a personas con problemas de movilidad. El número de estas casas era tan alto que no se llegaron a cubrir las peticiones por parte de los vecinos.

La empresa municipal, entonces en manos del PSOE, ideó el llamado Plan Permuta por el que las personas mayores de 70 años o con problemas de movilidad cedían el uso de sus pisos (en su mayoría en el centro de la localidad y sin ascensor) para que fueran alquiladas a jóvenes. A cambio, recibían el usufructo vitalicio de los pisos de Emgiasa. Se apuntaron 93 familias y solo fue necesario un sorteo para las adjudicaciones, ya que también sobraron viviendas adaptadas.

El problema llegó cuando Emgiasa, ya bajo la dirección del PP, entró en concurso voluntario de acreedores. La deuda alcanzó los 333 millones de euros, según certificó el interventor municipal. La construcción de un enorme complejo cultural denominado CREAA (valorado en 140 millones de euros) junto con la llegada de la crisis y el impago de los propietarios de decenas y decenas de viviendas llevaron a la empresa municipal a la bancarrota. Otro factor de ese pasivo es que los beneficios de la entidad se destinaron a construir aparcamientos subterráneos y centros culturales.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, firmó hace un mes un auto por el que ponía fin al llamado Plan Permuta y obligaba a que los beneficiarios compraran los pisos o a que estas viviendas se sumaran al patrimonio de Emgiasa para engrosar la masa del concurso y poder pagar con ellos a los acreedores. Esta última opción supondría que los mayores volverían a sus casas originarias, que en su mayoría carecen de las mínimas condiciones de accesibilidad e incluso de habitabilidad.

El defensor del Pueblo recuerda, como ya se han quejado los afectados, que las casas han estado cerradas durante este tiempo, con el consiguiente deterioro y que no pueden subir hasta un tercer o cuarto piso sin ascensor, como ocurre en algunos casos.

La institución de Fernández Marugán ha recordado al Ayuntamiento de Alcorcón que la Ley Reguladora de Haciendas Locales le obliga a "controlar el funcionamiento financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes". Por tanto, esto incluye a Emgiasa. Ante este hecho, le ha solicitado que le remita los informes necesarios para poder verificar que se ha cumplido esta normativa y "los principios de buena gestión financiera, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas para paliar las deficiencias detectadas".

Por último, el Defensor del Pueblo también ha solicitado conocer los puntos más relevantes que contiene el programa Plan Permuta y ha pedido una copia del modelo de contrato empleado para la firma entre Emgiasa y las familias afectadas por el Plan Permuta.