La Fiscalía tilda de “privilegio” el tercer grado a Oriol Pujol y pide revocarlo

La Fiscalía ha pedido al juez, con la máxima contundencia, que revoque el tercer grado concedido por la Generalitat a Oriol Pujol Ferrusola. El régimen de semilibertad del que ya disfruta el exdiputado de CiU es un “privilegio” que “transmite sensación de impunidad” ante condenados por “corrupción política” y delincuentes de “cuello blanco” como él. Pese a ser condenado a dos años y medio de cárcel, Oriol Pujol solo ha pasado 57 días entre rejas y ha sido clasificado directamtente en tercer grado, lo que le permite acudir a prisión solo a dormir entre semana. Esa dcisión lanza el “peligrosísimo mensaje de que es renteble delinquir” y de que “la ley no es igual para todos”.

El escrito del fiscal rebate uno a uno y con una dureza inusitada los argumentos de la junta de tratamiento de Brians 2 y del Departamento de Justicia. El ex número dos actuó “por pura codicia, por mera avaricia” al cobrar sobornos de empresarios en el caso ITV pese a saberse “un privilegiado social y económicamente”. Otorgarle ahora “un nuevo trato privilegiado” con el tercer grado “solo refuerza su sensación de que su estatus le permite aprovechar prebendas” y, por tanto, lo expone al riesgo de reincidir.

El apellido Pujol y la herencia paterna juegan esta vez en contra del exdiputado. El fiscal desliza que sus delitos fueron “propiciados por su entorno familiar”. Su sensación de “estar por encima del bien y del ma” venía, en parte, motivada “por sus cargos políticos”, pero también por sus “relaciones familiares”. La junta había valorado que Oriol Pujol podría socializarse fácilmente en una “familia estructurada y funcional”. Pero el fiscal viene a decir que, de estructurada, poco. Recuerda que sus padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, así como sus hermanos, tienen “procedimientos penales en trámite”. Por lo que volver al seno familiar es, más que una garantía, un “factor de riesgo”.

El fiscal recuerda que el propio Oriol Pujol está investigado en el caso Pujol que instruye la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Y subraya que el “reproche social” que debe hacérsele es aún mayor por ser “hijo del expresidente de la Generalitat” y convertirse, así, en un “referente social y político” con “epecial facilidad” para cometer hechos delictivos.

El tercer grado es “excepcional” y no cabe aplicarlo en el caso de Pujol, que actuó “en su propio beneficio y no en interés del pueblo al que representa” y de forma continuada (2010 a 2012). No paró, dice el fiscal, hasta que fue “la trama fue descubierta”. Los 57 días pasados en prisión son “un tiempo insuficiente”, razona el escrito, que pide al juez anular de vigilancia penitenciaria anular el tercer grado y que se someta a Pujol a un tratamiento de larga duración para modificar los valores que le llevaron a delinquir.