La patronal dice que el decreto para regular el juego amenaza 200 locales en Madrid
El sector critica que se obligue a dedicar una persona para control de accesos
La patronal de los salones de juego y locales de apuestas está de uñas contra el borrador del decreto del Gobierno regional que pretende regular su actividad, con medidas como que no se pueda abrir uno de estos locales a menos de 100 metros de centros educativos o la obligación de dedicar una persona en exclusiva al control de accesos. Si esta medida se aprobara tal y como está redactada, advirtió ayer el sector, podría suponer el cierre de unos 200 locales de este tipo de los 653 con los que cuenta la región (459 salones de juego y 194 locales de apuestas) y una pérdida de unos 1.400 empleos.
“Nuestros clientes no son los estudiantes. Cerca de los colegios hay todo tipo de negocios, de bares a sex shop, y el nuestro es un negocio como otro cualquiera. Los centros de enseñanza también están en las grandes avenidas. Por sentido común no es nuestro público objetivo”, explicó ayer José Vall, presidente la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (Anesar). Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), añadió: “No se busca que entren los menores, porque está prohibido y conlleva sanciones”. Sin embargo, según un análisis de EL PAÍS, uno de cada cuatro centros de bachillerato y FP de Madrid de la capital se halla junto a menos de 150 metros de uno de estos locales.
La patronal planteó que la futura norma no afecte a las empresas que ya estén instaladas cerca de centros educativos. “A la gente que ha abierto un local y ha cumplido la ley no se le puede decir ahora que tienen que cerrar, porque eso rompería la seguridad jurídica. Se puede buscar otra solución si nos sentamos a hablar. También hay colegios que se han abierto a posteriori donde ya había un bingo o una sala de juego”, explicó Landaluce. El sector propuso, en cambio, que se regule la distancia entre los propios establecimientos de juego para evitar que proliferen varios en una misma avenida.
Otro de los puntos de fricción es la obligación de que una persona se dedique en exclusiva al control de accesos. “Es una medida desproporcionada, porque está por encima de lo que se exige a los casinos, cuando se trata de locales en muchos casos pequeños, de 50 a 100 metros cuadrados, y donde una sola persona se encarga de todo”, señaló Juan Lacarra, secretario general de Anesar. En su lugar, pidió actualizar los controles de acceso con tecnologías del siglo XXI. También criticó que el decreto se tramite de forma urgente: “La vía de urgencia es manifiestamente indebida y va en perjuicio de los derechos de participación ciudadana. Hay que abandonar estas prisas y hacer estudios sobre las consecuencias que pudiera acarrear”.
El vicepresidente del Gobierno regional, Pedro Rollán, por su parte, respondió que el decreto no supondrá el “apocalipsis” para esta actividad, y recordó que la distancia mínima de 100 metros entre los centros escolares y los salones de juego no es “abusiva”, sino que está en consonancia con lo que se está tramitando en otras muchas regiones españolas. Por ello, instó al sector a esperar a la aprobación y tramitación del decreto para determinar cuál será su impacto. En cualquier caso, “hay un impacto que está por encima de cualquier otro”, que es preservar “una serie de garantías mínimas para que los menores de edad no accedan” a los salones de juego y casas de apuestas.
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