Barcelona elimina por decreto los antidisturbios de la Guardia Urbana

El gobierno de Ada Colau aprobará en los próximos días un decreto de alcaldía con el que elimina, a cuatro meses de las elecciones, la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana. El gobierno cumple así una de las promesas electorales con las que se presentó a los comicios de 2015. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, junto con su equipo se ha reunido en el último año más de una veintena de ocasiones con los delegados sindicales del cuerpo policial para llegar a un acuerdo en la supresión de la unidad y la creación de una nueva sección. Tras decenas de encuentros, el acuerdo no ha sido posible por lo que Bcomú ha decidido poner en marcha la nueva unidad en los próximos días pese a la negativa sindical.

El programa de Ada Colau en 2015 era claro: “Disolver de manera progresiva las unidades de policía administrativa y de seguridad (UPAS)”. Un grupo de agentes antidisturbios diseñado por Joan Clos, perpetuado por Jordi Hereu y transformado en Unidad de Soporte Policial (USP) por Xavier Trias. Una de las unidades que más denuncias ha recibido por actuaciones relacionadas con abusos de poder y con casos sonados como el de Ciutat Morta o el desalojo del 15M en plaza Catalunya.

Cuando Colau se hizo con la alcaldía puso al frente de la Urbana a Recasens y éste exigió a los agentes que dejaran de realizar funciones de “orden público”. Pese a ello, la Urbana seguía teniendo agentes vestidos de antidisturbios pero sin capacidad para dispersar manifestaciones o realizar cargas policiales.

El comisionado puso en marcha el diseño de un nuevo plan director que ordenara el cuerpo policial bajo tres premisas: “Territorio, proximidad y transparencia”. El plan director, finalizado en mayo de 2016, contemplaba no sólo la supresión de la USP sino la creación de la Unidad de Refuerzo a la Proximidad y Emergencia (URPE). Un cuerpo que seguía vestido de antidisturbios pero que estaba destinado a la gestión de emergencias protección de espacios públicos, grandes concentraciones, protección del medio ambiente…

Fue entonces cuando empezaron a negociar con los sindicatos: Sapol, CCOO y UGT la supresión de la USP. Los representantes de los trabajadores pretendían que el centenar de miembros de USP se convirtieran en URPE. Un cambio de nombre sin más. Recasens no creía en esa opción ya que la URPE estaba integrada por más agentes, 160, y necesitaba otro tipo de formación que no fuese el curso de antidisturbios que habían realizado los miembros de la USP.

Las negociaciones seguían cuando se produjo el atentado de la Rambla en agosto de 2017. La Urbana ya llevaba meses trabajando con los bomberos de París que habían gestionado el atentado de la sala Bataclan en noviembre de 2015 en París. Aún así, en la Rambla la USP fue la primera que llegó al lugar de los hechos. Pese a la rápida intervención el cuerpo detectó que faltaba cierta formación en coordinación y tratamiento de emergencias que el curso y proceso de selección de URPE hubiera solucionado.

Los sindicatos seguían defendiendo a los miembros de USP y el equipo de gobierno concluyó que todos los agentes de la USP que quisieran formar parte de la URPE debían pasar el proceso de selección. Pese a ello, el equipo de Colau cedió y mantuvo que aquellos agentes que no hicieran o pasarán el curso se les conservaría en la URPE realizando labores complementarias. La respuesta de los sindicatos siguió siendo negativa y Colau ha optado por firmar, en los próximos días, un decreto de supresión de la USP y la creación de la URPE con un nuevo nombre: Unidad de Refuerzo para las Emergencias y la Proximidad (UREP). En abril los sindicatos se enfrentarán a elecciones. Colau en mayo.