¿De quién es la culpa?

Seis días ha durado la huelga —o, con más precisión, paro patronal— de los taxis de Barcelona en protesta por la regulación de sus supuestos competidores, los automóviles VTC que gestionan las empresas Uber y Cabify. En Madrid, similares protestas empezaron algunos días más tarde y aún duran, con el agravante de que han afectado a la importante feria internacional de turismo Fitur, ubicada en el recinto de Ifema, alejado del centro urbano y, aunque bien comunicado por metro, con necesidad de un servicio de taxis para quien no conozca suficientemente la ciudad.

En todo caso, las dificultades de transporte por las protestas de los taxistas, no en vano llevan a cabo funciones propias de servicio público, han causado perjuicios considerables a empresas y particulares de todo tipo. Siendo de subrayar, además, que los automóviles VTC han tenido más clientes que nunca: cuidado taxistas que los ciudadanos pueden habituarse a este tipo de transporte y, como es sabido, “el roce hace el cariño”.

Este es, sin embargo, un conflicto diferido. Este era el título del editorial de EL PAÍS del pasado 1 de octubre, tras aprobar el Gobierno un decreto que establecía algunos principios regulatorios pero traspasaba la gestión de sus competencias en esta materia a las comunidades autónomas. Ahora es el Gobierno de la Generalitat quien en buena parte lo traspasa a la autoridad metropolitana de Barcelona que preside Ada Colau.

Generalitat y Ayuntamiento eluden la responsabilidad de gobernar por miedo a enfrentarse a los problemas

Unos se pasan, pues, la pelota a otros. Esto no es gobernar en serio, esto es eludir la responsabilidad de gobernar, es el miedo a enfrentarse con los problemas. Como en tantas otras materias, los titulares de los poderes públicos renuncian a las funciones por las cuales han sido elegidos para no ser tildados de impopulares por algún sector. En lugar de resolver los conflictos deciden aplazarlos. Y a veces son de gran envergadura y con intereses enfrentados muy serios y difíciles de conciliar. Pero este no es éste el caso.

Se trata, en mi opinión, de un problema resoluble con relativa facilidad si las autoridades, como representantes de los ciudadanos, dialogan y negocian con las partes para acabar adoptando una resolución final realista y de sentido común que se atenga a criterios de justicia para todas las partes y de eficacia para el transporte urbano. La prueba práctica de que ello no es difícil de solucionar está en que la convivencia entre ambos tipos de transporte no ha sido conflictivo en Europa ni en América. Vamos a ver.

La función de ambos tipos de transporte es la misma: operar en grandes ciudades y áreas urbanas para trasladar viajeros. A partir de esta premisa, hay que establecer una relación de igualdad entre las partes en conflicto. Quizás la diferencia se encuentre en que una parte, los taxis, tiene una historia pasada y la otra, los VTC, al ser de implantación reciente, no tiene las cargas de la primera. Se trata, por tanto, de resolver esta desigualdad de trato en aquello que puede ser discriminatorio. Y, ciertamente, es discriminatorio que para un servicio muy parecido, si no idéntico, a unos se les exijan unas cargas fiscales, laborales y administrativas distintas a las de los otros. Los poderes públicos lo que deben hacer, por tanto, es regular la competencia, algo básico en una economía de mercado para beneficio de todos. Además, dado los avances tecnológicos, las diferencias entre ambos tipos de transporte están desapareciendo, de hecho ya hay agrupaciones de taxis que funcionan como los VTC. Que las partes tengan los mismos derechos y deberes es la tarea a realizar por las autoridades competentes, sabiendo que el principio de unidad de mercado es un aspecto central de todo el conflicto.

¿No saben nuestras autoridades estatales, autonómicas y locales, ni siquiera resolver esto? Pues que me perdonen pero, si es así, son bastante incompetentes para no decir inútiles. Y los más perjudicados, al menos en estos días de paro, son los ciudadanos, aquellos que deben votarles en las próximas elecciones. Por tanto, quizás incluso los asesores electorales de los cargos públicos se equivocan al recomendarles eludir responsabilidades que son ineludibles porque van en el sueldo.

Los taxistas se han pasado con sus acciones obstructoras y, en ciertos casos, violentas. Pero creo que no soy un demagogo populista, hoy tan al uso, si digo que en este caso y en el fondo de la cuestión, la culpa es de los políticos.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos.