Sin licencia para bloquear Barcelona
Los políticos han de dejar de mirar a otro lado y abordar la apertura del mercado del taxi
Una licencia de taxi se puede comprar y vender por algo más de 100.000 euros. Sin ella, aunque usted sea el mejor chofer de la ciudad y se sepa el nombre de todas sus calles, no podrá operar un taxi.
Pocos oficios y profesiones están sujetos a un régimen semejante. En teoría se justifica porque quienes lo ejercen no pactan con sus clientes el precio de sus servicios, sino que les cobran la tarifa que fijan las autoridades municipales y que marca el taxímetro para cada carrera. El número de licencias de taxi es fijo y el precio privado de las licencias da razón del cupo, de que usted no puede ser taxista si no adquiere una.
En general, los oficios y profesiones no están sujetos a cupos: enfermeros, administrativas, maestras, médicos o camioneros pueden probar suerte en el mercado sin tener que comprar licencias a un colega. Pero si las autoridades establecen un cupo de oferta de servicios, si hay demanda creciente y se permite que las licencias se compran y vendan, estas pasan a valer dinero, hasta varias veces el precio de un vehículo, como es el caso de los taxistas.
Pero a los taxistas les ha surgido una competencia obvia, muy buscada por mucha gente, sobre todo por jóvenes y profesionales, quienes, mediante una sencilla aplicación, contratan servicios de vehículos conducidos por choferes que no deben hacerlo tan mal, pues los consumidores acuden a ellos cada vez más.
El sector está exasperado, pues está atrapado: sus miembros han pagado una gran cantidad de dinero por la licencia (o se han endeudado para financiarla), pero y como ya ha ocurrido en otras ciudades del mundo en las cuales la competencia al taxi es más o menos libre, el valor de la licencia —la pensión del taxista jubilado— se evapora poco a poco.
Es un sector complejo y atomizado: son 10.500 licencias de taxi, la mayor parte de los taxistas (9,300) son autónomos con una única licencia, aunque hay unas doscientas pequeñas empresas y algunos autónomos con varias licencias. Pero todo ello no les autoriza a bloquear las calles de la ciudad, a agredir a un informador, a abollar los coches de sus nuevos competidores, ni a detener el cambio tecnológico. Los políticos han de dejar de mirar a otro lado y abordar la apertura del mercado del taxi.
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