Transparencia obliga al Colegio de Médicos a dar información de sus contratos con la Administración
Un miembro, Guillermo Sierra, ha pedido todos los papeles de la actividad de los últimos cuatro años
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha determinado que el Colegio de Médicos de Madrid debe facilitar a Guillermo Sierra la información contenida en aquellos contratos, convenios, ayudas y subvenciones sujetos al Derecho Administrativo". Con ello da la razón al médico, expresidente del Consejo General de Colegios Médicos a principios de siglo y candidato derrotado a presidir el colegio madrileño en 2015, que había solicitado toda la información de los últimos cuatro años, 2018 incluido, referentes a convenios con cualquier organización o empresa en labores de colaboración con el colegio, como asesoría, informática, mantenimiento, servicios jurídicos, bancos y seguros de más de 50.000 euros, entre otros. También de todos los convenios, subvenciones y ayudas. En resumen, la documentación de todas las actividades que el colegio haya realizado o acordado con terceros.
Sierra argumenta que una institución de derecho público y privado como los colegios debe someterse a ese requisito de transparencia.
El Colegio de Médicos de Madrid respondió ante Transparencia que antes de ello debía hacer un censo de toda la actividad, y estudiar cada caso uno a uno, ya que muchos de esos contratos son privados, sujetos a protección de datos, y que no pueden ser entregados a terceros.
Curiosamente, la resolución ha satisfecho, según sus declaraciones, a ambos. Sierra porque se estima su reclamación y se establece "su derecho a que se le entregue la información pública solicitada".
Por su parte, el Colegio ha remitido una nota en la que afirma que Transparencia "da la razón" al Colegio "respecto a la solicitud de información sobre los contratos suscritos por esta institución". El argumento que emplean es que "solo quedan sometidas a Derecho Público o Administrativo aquellas funciones que le encomienda el Estado". Es decir, que de toda la actividad de la institución en estos cuatro años (desde 2014, incluso antes de la llegada al gobierno del Colegio de la actual junta directiva), solo deben entregar la que se refiere a los contratos o convenios con organismos oficiales. Ello dejará fuera a la inmensa mayoría de los acuerdos firmados.
La resolución da dos meses al Colegio para que cumpla lo acordado y comunique a Transparencia que lo ha hecho y con qué resultado.
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