La Generalitat inicia el trámite para aprobar de nuevo las leyes sociales suspendidas por el Constitucional

La reunión semanal del Ejecutivo catalán ha dado luz verde al trámite para reformular cuatro de las leyes del Parlament que habían sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Partido Popular. Si bien el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se habían comprometido a negociar el contenido de estas normas para desencallarlas, hasta ahora solo se han logrado reactivar dos (la de salud universal y la de la emergencia habitacional). La idea de la Generalitat es utilizar nueva jurisprudencia o nuevos redactados para evitar nuevos conflictos de competencias.

La ley única, ha explicado este martes la portavoz del Govern Elsa Artadi, agrupará los nuevos redactados de las leyes de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres; la de Cambio climático; la de las Asociaciones de consumidores de cannabis y la norma que crea la Agencia Catalana de Protección Social. La portavoz ha recordado que había un mandato del Parlament para intentar recuperar todas las leyes suspendidas.

Artadi ha explicado que, en el caso de la norma sobre Igualdad, el Govern entiende que no puede obligar a las empresas privadas a que cumpla con iniciativas como la inclusión de la figura del representante sindical para la paridad o los planes de igualdad. Sin embargo, intentará modularlas a través de cláusulas en la contratación pública para así vincular a los privados. La idea si es implementar el contenido de la ley en la Administración catalana e intentar que los municipios y diputaciones hagan lo propio.

Respecto a la ley de Cambio climático, el Govern cree que hay nueva jurisprudencia que permitirá poner coto a la práctica del fracking a nivel de la Generalitat. Por otro lado, la Agencia Catalana de Protección Social podrá tirar adelante ya que el Tribunal Constitucional solo ha rechazado los artículos que hacían referencia a los ingresos futuros.

Finalmente, Artadi ha anunciado que el Govern se pondrá en contacto con los promotores de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que dio origen a la ley de Asociaciones de cannabis para lograr pactar un nuevo redactado que no choque con las competencias del Estado y que incluya la nueva jurisprudencia.