Una reforma educativa a medias

Con el anteproyecto de reforma educativa que propone el gobierno central, y que implica la derogación completa de la LOMCE, acabaremos con el peor modelo de sistema educativo que hemos tenido en democracia. Sin embargo, son varias las carencias que nos llevan a opinar que se trata de una reforma a medio camino para alcanzar un sistema claramente público, inclusivo, y en equidad.

Las reformas propuestas que más aplaudimos son las dedicadas a la atención a la diversidad y la lucha contra la segregación, restableciendo la preferencia del derecho a la educación sobre la libertad de enseñanza. Estamos de acuerdo que hay que invertir más recursos en aquellos centros que más lo necesitan, que la programación general de la enseñanza es prioritaria frente a la demanda social, que la autonomía de centros no debe permitir la selección del alumnado, o que la educación diferenciada sí es discriminadora por motivos de género. Con todo, echamos de menos una apuesta decidida por incrementar el número de plazas de titularidad pública, o la confusión e imprecisión establecida entre los programas de mejora educativa (que habría que situar después de la ESO) y la formación profesional básica (que habría eliminar, y en cualquier caso nunca concertar).

En el ámbito de la evaluación y titulaciones, celebramos que se acabe con la doble acreditación de ESO, la supresión de los estándares de aprendizaje y los exámenes de fin de etapa, y aplaudimos que los resultados de evaluación de centros no sirvan para clasificar los centros en un ranking, ni puedan hacerse públicos. Valoramos positivamente también la recuperación de la selectividad. Todo ayuda a dirigir la evaluación hacia el terreno del aprendizaje y la mejora, y no del castigo y la selección. Pero perderemos una oportunidad de oro si no eliminamos, de una vez por todas, la repetición de curso, una rémora del pasado que siempre se ha mostrado altamente ineficaz.

La reorientación del modelo de gobernanza también apunta en la buena dirección: la eliminación de la categoría de “centros especializados”, una elección de las direcciones de centros más colegiada, un consejo escolar claramente decisorio, y el retorno de la representación municipal a los consejos escolares de centros concertados. Sin embargo, si queremos dar un salto hacia una auténtica gobernanza democrática, y huir de la gobernanza tecnocrática en la que estamos instalados, habrá que hacer apuestas significativas para promover la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y abordar de una vez por todas el espinoso tema de la inspección educativa.

Allí donde la propuesta de reforma resulta más criticable es en la dimensión curricular. Por ejemplo, no se observa una apuesta decidida por las enseñanzas artísticas y las humanidades; o la educación en valores cívicos y éticos se restringe sólo a dos años a lo largo de la enseñanza obligatoria cuando debería estar presente en cada curso. La enseñanza de la religión se reubica como materia no computable del currículo cuando lo que hay que hacer de una vez por todas es eliminarla del currículo. Queremos un currículo menos disciplinar y más global y globalizador.

Y no podemos dejar de lamentar que no se haga un paso decidido para impulsar un auténtico modelo educativo plurilingüe, y que tampoco se busque la consolidación de la educación infantil como etapa prioritaria, o una formación del profesorado más eficaz. Y no se menciona la necesidad de profundizar en el municipalismo educativo, avanzando hacia las redes de centros, las zonas educativas y los planes de innovación. Cero referencias a la educación del fuera-escuela, clave hoy en día en la reducción de las desigualdades.

Esperamos, desde un espíritu de máxima colaboración y complicidad, poder disponer de espacios de diálogo con el gobierno central en los que plantear estos retos y estas carencias, y situar de una vez por todas a nuestro sistema educativo a la altura de las necesidades del siglo XXI.

Miquel Àngel Essomba es comisionado de Educación de Barcelona